Transporte gratuito

Mendocinos reclamaron falta de pasajes de larga distancia para discapacitados y la Nación fue a la Justicia

Las empresas de transporte aseguran que el decreto de desregulación las exime de cumplir con esta disposición, pero para Nación siguen obligadas por ley

A partir del lunes 7 de octubre, fecha en que comenzó a regir el decreto de desregulación del transporte público, las empresas de media y larga distancia dejaron de entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, amparándose en que no están obligadas a hacerlo porque ya no son consideradas un servicio público. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) presentó una cautelar contra esa decisión.

Esta situación, que ocurre en todo el país, también está sucediendo en Mendoza, tal y como lo confirmaron desde la CNRT Mendoza. En este organismo confirmaron que han recibido denuncias de mendocinos con discapacidad que a pesar de buscarlos, no consiguen pasajes gratuitos en las líneas de media y larga distancia.

Ante esta realidad, por instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se presentó una cautelar para que la Justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.

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Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar un pasaje gratuito tanto para ellos como para un acompañante

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar un pasaje gratuito tanto para ellos como para un acompañante

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Qué es lo que dice el decreto de desregulación del transporte público

El decreto en el que se basan las empresas de transporte es el 883/23, que implementa la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Hasta el momento, el servicio de transporte se dividía entre Transporte de Pasajeros Turístico (libre) y el Transporte de Pasajeros local e interjurisdiccional (regulado).

Después de la publicación del decreto, todo el transporte se considera "libre", excepto un pequeño sector del transporte urbano local de pasajeros, que es el que se regula.

Este es el fundamento de las empresas de larga distancia para no otorgar los cuatro pasajes gratis para personas con discapacidad y sus acompañantes.

Sin embargo, la garantía de estos pasajes liberados está determinada en el artículo 22 de la Ley 22.431 (conocida como Ley de Discapacidad) y esta no ha sido derogada, por lo tanto, debe cumplirse. Así lo manifestaron desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad.

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La CNRT ya puso más de 300 sanciones a las empresas que no cumplen con la Ley de Discapacidad

En un comunicado oficial, este viernes la Nación informó que la CNRT se presentó ante la Justicia para pedir una cautelar con el fin de que las empresas de transporte cumplan con lo que establece en la Ley de Discapacidad, y que, según su análisis, no se ve afectada por el decreto de desregulación del servicio.

Ante el incumplimiento de algunas firmas, detalló que ya hubo más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones a las empresas, entre las que hay mendocinas.

"El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor", dijeron desde la Secretaría de Transporte.

"Desde el Gobierno Nacional se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios", cerró la advertencia.

El punto es que las empresas de transporte -según publicó el portal de noticias Ámbito Financiero- se pierden de vender unos 100.000 pasajes por mes, que equivalen a 3.500 millones de pesos y este es el motivo principal por el que han decidido ampararse en la interpretación del nuevo decreto.

Hay que recordar que son 4 los asientos que deben tener liberados en cada viaje, que pueden ser ocupados por personas con discapacidad y por un acompañante.

En Mendoza, Mauricio Badaloni de Andesmar, había advertido sobre la postura de las empresas apenas se conoció el decreto nacional. "Si nos atenemos a la letra del decreto, está derogado", decía a Diario UNO. Ahora, la palabra la tiene la Justicia.

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