A Hugo Oyola lo denunció inicialmente una de las adolescentes. Les contó a sus amigas primero y luego a sus padres, docentes y directivos, que el profesor se acercaba y le rozaba los pechos. Luego se sumaron cuatro casos más. El educador era suplente, y en el momento de ser detenido confesó que había cursado una condena anterior, también por tocamientos, en la escuela Batalla del Pilar, en Godoy Cruz. Le habían dado tres años de prisión en suspenso en 2017 y los terminó de cumplir en 2019, por los tiempos procesales. No sólo daba clases en la pública Tomás Alva Edison, sino también en el turno tarde de la escuela Fray Benito Lamas, en el distrito Buena Nueva, también en Guaymallén. Ahora está preso en una de las cárceles provinciales, por orden de la fiscal Virginia Rumbo.
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Trampa de la burocracia
El caso de Oyola y sus tocamientos permitió descubrir una zona gris, un error en la matrix de la enorme burocracia docente que tiene decenas de protocolos para todo. ¿Cómo puede ser que un maestro condenado por tocamientos regrese al aula y tenga alumnas a su disposición?
Este profesor tenía fotos y videos -además- de estudiantes incluso en situación de clases, en su página de Facebook. Más turbio, imposible. O no. Un docente de música de la escuela Ernesto Matons de San Martín fue denunciado por familias de chicos varones discapacitados, por tocamientos. Nueve padres formalizaron las denuncias e hicieron protestas frente a la escuela.
La DGE lo separó del cargo, pero aún no ha sido citado más que a una declaración informativa en la fiscalía del Este, para que nombre un defensor y participe de los peritajes. Por eso su identidad no ha sido oficialmente difundida, aunque todos saben quién es: se llamaría Gonzalo. Los testimonios de los chicos supuestamente abusados quedarían para febrero o marzo, en Cámara Gesell.
Hugo Oyola Amaya, el condenado por abuso que volvió a enseñar, se “coló” nuevamente en las aulas luego de cumplir su condena en medio de una ineficiencia del sistema. “Los suplentes que se designan después del cuarto llamado, como suplentes, sólo lo hacen con su curriculum, su bono de puntaje, sus trabajos anteriores… tienen un plazo para presentar la documentación exigida, entre ellas la certificación de su conducta… pero una vez dentro del establecimiento, muchos no la presentan nunca, y nadie se las pedía” admitió una fuente. Por ahí se metió Oyola Amaya. Los antecedentes penales a los aspirantes a suplentes se exigen desde 2022, y la verdad es que el profesor ahora preso por repetir su delito favorito, estaba libre y dispuesto a volver, desde antes.
¿Puso la Justicia haber comunicado a la DGE el antecedente penal del abusador, comprobado? No, porque aún estaba sujeto a una inhabilitación de la DGE. Es decir, técnicamente el gobierno escolar ya no era empleador del docente condenado. Es raro, pero extravagancias como estas pueden verse en diversos estatutos que relacionan a un Estado con sus empleados. En este caso, el agujero en el sistema le permitió a Hugo Oyola Amaya tener otros rebaños a su disposición, hasta que lo denunciaron. ¿Pudo haber pasado esto con un docente titular? Nunca. Tienen la obligación de presentar sus antecedentes penales. Un titular condenado no habría pasado el filtro de una junta de calificaciones docentes.
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Ley de ficha limpia
El remedio a las fallas de las normas, humanas -las que fueren- que permitieron a un abusador volver al aula será drástico. El gobierno provincial presentó el miércoles en el Senado de la Provincia un proyecto de ley de “Ficha limpia” docente, similar al que rige en la política, con la idea de exonerar e inhibir del sistema educativo a docentes que hayan sido condenados por delitos diversos, entre ellos el abuso sexual, desde el simple (tocamientos), hasta los más graves.
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Daniela García, jefa de gabinete de la DGE.
Foto Nicolás Rios/Diario Uno
El diseño del proyecto estuvo a cargo de Daniela García, ex legisladora radical y actualmente jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas, lo aprobó el ministro y Director de Escuelas Tadeo García Zalazar, firmante del texto que ingresó a la Legislatura junto con el gobernador Alfredo Cornejo. El jueves 28, García irá a explicar el proyecto en comisiones. ¿Acompañarán los gremios docentes SUTE, SADOP, y la oposición? ¿O habrá una oposición cerrada? La discusión de este proyecto de ley mostrará el pulso político de fin de año.
Las sanciones
El corazón del proyecto dice que los docentes condenados aunque fuere sólo en primera instancia por abuso sexual en todas sus variantes, no volverán frente al aula nunca más, hayan cumplido sus condenas, o sido sujetos de conmutaciones, indultos, o reducción de penas.
Los otros delitos inhabilitantes para la docencia serán corrupción de menores, tráfico de material de abuso infantil, explotación sexual, exhibiciones obscenas, privación de la libertad con todos los agravantes previstos en el caso de ser las víctimas menores de edad, grooming, acoso digital. Todos los docentes que hayan sido condenados por alguna de estas causas serán inhabilitados de por vida para ejercer la docencia. Hay otras medidas, como inhabilitaciones por tres años, y exoneraciones por 10 años.
Estas limitaciones y sanciones serán aplicables también a no docentes, administrativos y celadores de escuelas públicas y privadas de la provincia.
El otro punto sensible del proyecto, que requeriría de una reglamentación muy ajustada, es la creación de un Registro Único de Sanciones, Sumarios, e Inhabilitaciones de docentes y celadores, titulares y suplentes, y administrativos. Esta “lista negra” será verificable a través del GEM, pero no para todo el mundo. Sólo podrán accederlo aquellas personas del sistema que otorgan cargos, o administran sanciones: juntas de disciplina, de calificaciones, supervisoras, y directoras y directores de las escuelas.
El proyecto de ley modifica varios artículos del Estatuto del Docente, habilitado por la Ley de Educación de la Nación. Un Estatuto que contiene el “deber ser” de valores y comportamientos éticos y morales de los docentes, que ha quedado desactualizado por la realidad.
Este es el texto completo del proyecto que se discutirá desde esta semana en la Legislatura de Mendoza:
Proyecto de ley de Ficha Limpia para docentes
El proyecto de ley de "ficha limpia" de docentes, celadores y administrativos, que marcará el fin de año lectivo en Mendoza.
El caso Corazón de María, y otros dos docentes separados de sus cargos
El profesor de literatura Javier Verón fue noticia el mes pasado, cuando fue denunciado penalmente y separado de sus alumnos de 17 y 18 años en el Colegio Corazón de María de la Ciudad de Mendoza, por hacerles leer -entre otros textos- parte del libro "Cometierra", en el que se describen escenas de sexo explícito. No fue el único texto objetado por los padres del colegio. Pero la causa va lenta. El profesor no fue imputado -de momento- y aún no hay turno para que las alumnas que dijeron sentirse incómodas declaren en Cámara Gesell, como indican los protocolos.
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Cometierra, de Dolores Reyes. La historia de una chica con la capacidad de ver lo que nadie ve.
Verón, que era delegado gremial de SADOP en el colegio, finalmente envió un telegrama en el que se dio por despedido y ahora habrá allí un conflicto de índole laboral. No volvió al frente de las aulas, pero sólo en ese establecimiento. Aún da clases en dos escuelas públicas y en un Instituto de Formación Docente en el que habría pedido licencia.
Los padres que promovieron las denuncias empezaron con mucho ímpetu, y hoy sólo quedan dos o tres que preguntan por el caso. Los fiscales estarían escépticos. “Hemos intentado aplicar la figura de corrupción de menores, pero no hay suficiente información” admiten en el Ministerio Público Fiscal.
Videos y podcast “desnudos”
Semanas atrás, otro docente profesor de historia con muchos años de experiencia cometió una imprudencia severa. Dividió a los alumnos de un curso en una escuela técnica pública en grupos, para trabajar en videos y podcast asuntos relacionados a la democracia, la corrupción y el Estado. A dos varones les dio la figura de “abuso de poder”, pero les dijo que debían filmarse “desnudos”. Los chicos se asustaron, y lo denunciaron. La directora del establecimiento aplicó el protocolo y lo separó de las aulas. En su descargo, el profesor habría explicado que lo hizo para que los chicos descubrieran en ese mismo momento que el pedido en sí era un abuso de poder.
Peor le fue a otro docente del Gran Mendoza, que apareció en el aula con una pregunta insólita. “¿Quién tiene madres separadas?” pidió al curso. ¿Alguien habrá levantado la mano? El docente cerró el párrafo pidiendo “Así me pueden decir papi profe…”. Cuando lo denunciaron habría pedido auxilio en el gremio SUTE, pero en casos de abuso, malversación de fondos, y violencia de género, el gremio no interviene y les pide a sus afiliados que se busquen un abogado.
Epidemia de denuncias
¿Hay una “temporada alta” de denuncias contra docentes y no docentes por abusos casi siempre de índole sexual? En el gobierno escolar y el SUTE creen que sí. Están explotados. Pero no todos son casos de abuso sexual.
Los protocolos “emergentes” (así les llaman) están funcionando a diario. Pero no sólo por abuso sexual. También por casos de violencia de género entre docentes, maltratos dentro del cuerpo escolar, docentes que maltratan chicos, padres que agredieron a un docente, violencia entre los alumnos, chicos víctimas de maltratos o abusos en sus casas, más los casos de presuntos abusos.
Desde hace un tiempo, estos protocolos de seguridad son actividades en una escuela de Mendoza, al menos una vez al día. Por eso en el SUTE están diagramando una suerte de capacitación intensa, y muy básica, del tipo “No podés tocarle el pelo a una alumna”, y otros casos que ocurren a diario.
Cifras muy altas de conflictividad escolar, y casos groseros que demuestra lo rotos que estamos.
