Uspallata: en medio de una pelea ridícula sobre la minería se reinicia el proyecto San Jorge

-Buenas…- le contesta el antiminero. El neutral no abre la boca. Justamente, es neutral. Como Suiza, el país en el que están radicados Dan y Christian Bronstein, alemanes de raíces estonias que heredaron a su padre Aleksandr y son propietarios familiares del 90 % del Proyecto Minero San Jorge, también radicado en Uspallata. El otro 10 % es local, pero ese dato será la frutilla del postre.

-¿Usted por qué es antiminero? - pregunta el minero.

-Porque la megaminería contaminante nos va a envenenar el agua, el aire, y el suelo… Y porque la 7.722 no se toca, como dice la bandera que trajimos a la protesta… y porque no vamos a dejar que las multinacionales extractivas vendepatria se lleven nuestros recursos…- responde el antiminero.

-Ah…. bueno… ¿Se refiere a la mina San Jorge, que está acá nomás?

-Sí, entre otras…-

-Pero los rusos no pueden mover ni una piedra… no tienen autorización…- dice el neutral, confundiendo rusos con estonios, suizos y alemanes.

-No nos importa… quieren matarnos, con el agua de Mendoza que no se negocia…- insiste el antiminero.

-Sí… bueno…- dice el minero. Y contraataca:

-¿Le dijeron que hay un estudio de impacto ambiental nuevo sobre el Proyecto San Jorge? Son más de 4.000 fojas digitales… ¿Lo leyeron?-

-No, y no me importa. El agua de Mendoza no se negocia… ¡No es NO…!-

-Eso es para la violencia de género y el abuso sexual…- acota el neutral.

-No me importa… La megaminería es violadora…- se defiende el antiminero.

-Pero acá dice que en un año hídrico bueno, una minería a pleno sólo usaría el 0,8 % del agua total que entrega Irrigación… el 81 % es uso agrícola…- acota el prominero. -Y la mitad del agua del campo se pierde por el riego “a manto”- dice, con razón. Datos son amores.

-No importa. Es la megaminería contaminante. Y los medios pauteros nos la quieren imponer...-

-¿Por qué no hablan de la agricultura contaminante, o la megaconstrucción contaminante, o el megacomercio contaminante, o las megafábricas de tortitas raspadas, o de los molinos de trigo, o de las procesadoras de pollos, o de carne, o de las fábricas de corchos, o lo que sea?- insistió el minero, impaciente.

-Porque sólo estamos en contra de la megaminería contaminante y de las políticas extractivistas…- contestó el antiminero, impertérrito.

-Bueno… a ver… ¿Saben que la 7.722 no se va a modificar… y que los proyectos nuevos cumplen esta ley? ¿Como todos los del Distrito Minero Malargüe?-

-Nos in-te-re-sa un pepino. Dijeron lo mismo en 2019 y la quisieron cambiar...-

-Es cierto… pero pasaron 20 años desde la ley… hay nuevos métodos y tecnologías… ¿Qué les molesta tanto? - preguntó el prominero, que ya resoplaba a cada frase.

-Tienen que hacer voladuras… nos van a contaminar el aire con los áridos de la mina, que está cerca, a 37 kilómetros… Y eso, para empezar…- dijo el antiminero a modo de ejemplo.

-Acá a pocos minutos de la Ciudad de Mendoza, en la Ruta 52 a Villavicencio, hay una cementera que hace voladuras a diario y van y vienen camiones… ¿Les llega el polvo? ¿Escuchan el ruido? ¿Se sienten contaminados? - interrogó el prominero.

-No sé… No nos importa. Estamos en contra de la megaminería a cielo abierto y del uso del cianuro…

-Ahá… ¿Les dijeron que los proyectos son por flotación, que no hay cianuro, ni ácido sulfúrico, ni mercurio, que se usan en otras actividades sin problemas?

-El agua de Mendoza no se negocia…- repitió el antiminero como un mantra, tapándose los oídos y cerrando los ojos con fuerza. Tampoco escuchó cuando le preguntaron qué hacer con los sueldos históricamente bajos de Mendoza, o con la pobreza de casi la mitad de la población. Y así siguió el “Cuento de la buena pipa”. El que nunca se acaba. El Día de la Marmota en un loop interminable.

…

Esta recreación ficticia podría ser perfectamente posible. Representa posturas muy disímiles, apoyadas en general en una sartenada de prejuicios, burradas y desinformaciones respecto de la minería. Eso tampoco importa: esta será otra vez una discusión entre ciencia y tecnología, contra las creencias. La pelea es despareja, porque los fantasmas siempre son más atractivos, conspirativos y populares que los datos comprobables. Con un hecho a favor de la minería: todos los proyectos de cobre, hierro, y aun multiminerales que hay en danza, cumplirán la ley 7.722.

Pero "No, es no..." ¿No es cierto?

En Mendoza, alguien dijo una vez que la técnica del fracking para extraer petróleo de las rocas-madre generaba sismos. Es un buen prejuicio-ejemplo de cómo funcionan las fake news en las industrias extractivas-. En el intento fallido de reforma de la 7.722, en 2019; decían que nadie iba a controlar. Pero esa ley -derogada- contemplaba el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, en el control de las explotaciones mineras. Pero decían que era mentira sin leer siquiera una línea de la ley. Todos los intentos de informar a la población fracasaron y la minería volvió a perder años de desarrollo respecto de otras provincias.

Es por todo esto que el debate público alrededor de la minería está viciado, contaminado, y será muy complejo de resolver. Sólo con educación, formación, información simple y transparencia será posible avanzar hasta conseguir la “licencia social” que la habilite sin miedos.

Claro que hubo grandes progresos. En 2019 hasta las reinas de la Vendimia y la Iglesia colaboraron en torcerle el brazo a la política que intentó modificar la 7.722. Cinco años más tarde está en marcha el Plan Pilares, Mendoza volvió al mapa minero nacional e internacional, y ya son más de un centenar los proyectos con DIA aprobada para exploración, en el Distrito Minero Malargüe Occidental.

Pero los anticuerpos son fuertes.

No porque No, versus Las Viudas de la 7.722

El enfrentamiento es claro. De un lado están los antimineros cerrados, los del “No porque no”, y del otro, también hay “Viudas de la 7.722”, que lucharon por años contra esta ley asegurando que no se podría hacer minería cumpliendo las exigencias que determina la norma. Unos y otros están caducando por el paso del tiempo. Se están quedando sin razón de ser, porque hay métodos más limpios, sustentables, menos invasivos, y menos contaminantes para extraer el mineral, que cuando se sancionó esta ley hace 18 años. Aun con esta pésima herramienta legal, es posible hacer minería, que es una industria lícita en todo el país por si alguien no lo tiene claro.

Hay un aprovechamiento político descarado de esta puja. Muchos dirigentes de izquierdas desde las más soft a las radicalizadas, pseudo “ambientalistas”, no existirían si no se ponen al frente de consignas tales como “La 7.722 no se toca” (enorme bandera desplegada en la movilización del viernes 24 de enero en Uspallata), o “el agua no se vende” (otro de los carteles). Hoy la mayoría de estos referentes son oportunistas muy entrenados en la mentira, la hipocresía y la desinformación, para confundir.

Algunos de estos aprovechados resultan tan forajidos como los que llevan bidones molotov para prenderles fuego a los que están a favor de la minería. Luego, cuando hay elecciones, apenas si juntan el 1% o 2 % de los votos. Minorías ruidosas y ahora pirómonas. En diciembre de 2021 a los chubutenses les prendieron fuego la Casa de Gobierno hasta tirarla abajo, quemaron una decena de otros edificios públicos, y un diario, con bombas molotov.

En medio de tanto antagonismo hay una porción muy importante de ciudadanos que tienen todo el derecho del mundo de pensar como les venga en gana, de expresar dudas legítimas sobre la minería o la capacidad de control del Estado, y de estar a favor o en contra de los ambientes como mejor le quepa a su proyecto de vida. Lo que está mal es mentir a sabiendas y hacer ecoterrorismo con fines políticos, o por necedad, mala fe o fruto de la hijaputez manifiesta. Para unos cuántos con nombres y apellidos, ser antiminero rabioso fue un negocio que les duró veinte años.

La opinión de Uspallata

Hay que atender lo que piensan y dicen las poblaciones locales. Tal vez habría que hacer en la villa de Uspallata un plebiscito sobre el proyecto San Jorge. Con pobladores, comerciantes, todas las personas que puedan acreditar su derecho a opinar. Esquel lo hizo en 2003 y en esa localidad patagónica no se puede hacer minería del oro. Punto seguido. Tal vez el plebiscito cabría hacerlo en toda la provincia y terminar ya de una vez esta fantochada.

Pero en Uspallata… ¿es así? ¿Todos son antimineros? Hemos oído en reserva testimonios de personas de la villa que están a favor de la explotación minera, pero que van a las marchas antimineras o se guardan su opinión porque sufren una coerción muy fuerte de los antimineros más intensos. Les dejan de comprar en sus negocios, los escrachan, insultan a sus hijos, y así. Sin embargo, nadie se entera. Lo que pasa en Uspallata queda allí. El infierno es grande.

De todos modos siempre hay que prestar atención a los rumores de pueblo. Algunas de las consignas de la marcha fueron “No a la mina San Jorge”. ¿Por qué?

Porque el Proyecto Minero San Jorge para extraer y producir concentrado de cobre por flotación en la villa de Uspallata está en marcha otra vez. A una firma, una DIA y un año y medio de empezar a trabajar.

San Jorge, a la espera de una resolución

La semana pasada hubo una reunión importante entre los socios locales y representantes de la empresa dueña de la mina, que ahora se llama “Zonda Metals”, y funcionarios del gobierno provincial.

Son los mismos empresarios estonio-alemanes que se instalaron en Suiza a resguardo de Vladimir Putin, que antes poseían la mina de Uspallata a través de la multinacional minera Solway Group, con operaciones en el Báltico y en algunos países de América. Ahora son dueños del 90 % de San Jorge. El otro 10 % es del Grupo Alberdi, una productora de cerámicas con historia de más de un siglo en nuestro país, dueños de la empresa propietaria de Cerro Amarillo, el proyecto de cobre en el sur provincial. Enrique y Emiliano Gatti y Martín Rappallini son los dueños argentinos de San Jorge y están teniendo reuniones con el gobierno de Mendoza por el proyecto minero. El viernes 10 de enero ingresaron un nuevo informe de impacto ambiental para la explotación de la mina. Lo produjo un estudio privado de ingeniería. Es un documento digital de 17 tomos y más de 4.000 fojas.

Hubo charlas tensas. Tal parece que la semana pasada aparecieron diferencias entre el tipo de estudio de impacto que se debía presentar. Habrían existido discusiones entre la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre y los dueños locales de San Jorge. Los accionistas de la mina habrían preferido actualizar estudios de 2011 que ya estuvieron un total de 33 meses en trámites legislativos que fracasaron. En 2019 no hubo siquiera un intento de tratar el informe y transformarlo en DIA, trámite político al que obliga la ley 7.722. Además Latorre les habría transmitido a los empresarios la necesidad de descontaminar de pasado este debate. Luego, su equipo hizo observaciones técnicas al estudio.

El paso que sigue es importante. La ministra Latorre tiene a la firma la resolución que implica el inicio formal del Proyecto Minero San Jorge. Los habilitará a iniciar el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental para explotar el cobre (la exploración se hizo hace años). Esa resolución se firmará muy probablemente el viernes 08 de este mes y se conocerá cuando se publique en el Boletín Oficial, e incluirá un cronograma detallado de cuándo deberá enviarse el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental a los organismos oficiales como la Fiscalía de Estado, y a los que deberán emitir informes sectoriales científicos, técnicos, académicos, ambientales, entre otros. Ese proceso culminará luego con el tratamiento legislativo, donde al gobierno encabezado por Alfredo Cornejo le alcanzará la mayoría simple para darle vía libre a los trabajos. En ese debate oiremos sobre la "minería verde".

Esto puede ser rápido. San Jorge no es un proyecto de megaminería, pese a los reclamantes del elenco estable. Es relativamente pequeño, con una inversión de U$S550 millones y reservas certificadas de dieciséis años para explotar la mina, separar el mineral por flotación, y producir luego el concentrado de cobre.

Tanto fuentes del Gobierno como de la minera, se ocuparon de dejar claro que el nuevo proyecto cumple la ley 7.722. No se usarán en el tratamiento del cobre los materiales prohibidos por la 7.722. No habrá lixiviación.

¿En qué se diferencia este nuevo proyecto de San Jorge, del anterior? Según fuentes oficiales, la clave está en los procesos. “Más sustentables, más eficientes, con menor uso de agua, con menos contaminación del aire y del suelo”. En el estudio de impacto ambiental están calculadas hasta la dirección y velocidad del viento, y distancia en la que caerían partículas de voladuras, o el polvo causado por el paso de los camiones por los caminos. “Hablamos de 200 o 300 metros” dijo una fuente técnica, para abundar.

Plazos cortos

Hoy en la pequeña base que tiene la mina, a unos 40 kilómetros de Uspallata, hay sólo una media docena de personas. Y alguna más en la oficina que San Jorge tiene en la villa. Pero una vez avanzadas las autorizaciones, las cosas pueden marchar rápido. El Informe de Impacto Ambiental que presentó San Jorge es para la explotación del mineral. Es decir, construcción de la planta de concentrado de cobre, producción, y comercialización. A partir de allí, la mina se construirá en un año y medio.

El otro asunto es el apuro económico: los dueños de San Jorge aspiran a ingresar al RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Para ello tienen plazo hasta el 29 de octubre de 2026. Ello les permitiría reducir muchísimo el costo de construcción de la mina y toda la inversión complementaria que deberán hacer.

Los hechos de Uspallata, los imputados, y una perlita

El viernes 24 ocurrieron hechos muy graves en Uspallata, cuando un comerciante prominero llamado Edgardo Vera quiso hacer un acto para inaugurar la primera Cámara de Proveedores Mineros de la localidad. Invitó al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, a funcionarios del gobierno provincial, cámaras empresarias, sindicatos. Iba a dar un discurso, incluso. ¿No había un lugar menos provocador, don Vera?

Grupos de antimineros muy radicalizados pudrieron el acto. Se pelearon con la guardia obrera de la UOCRA que estaban listos para emprenderla a piñas contra los más revoltosos, y como resultas de todo eso, hay causas judiciales diversas. La más grave, por el incendio que iniciaron con el “bidón molotov” en el comercio de Vera. También por agresiones físicas a funcionarios, comerciantes y otras personas, en medio de un tumulto importante. Algunos antimineros que aparecen en el acta policial como agresores o incitadores hicieron a su vez denuncias e incluso se presentaron en la fiscalía que investiga todo esto, porque los de la UOCRA les dieron murra. ¿Qué esperaban? ¿besos y abrazos?

Uno de los últimos funcionarios en declarar por estos hechos en una fiscalía de delitos No Especializados fue Jerónimo Shantal, el director de Minería de la Provincia. Fue el miércoles y reconoció a algunos de los agitadores acusados de las agresiones. Shantal estuvo en Uspallata invitado al acto de la cámara local y quedó junto a otros funcionarios y empresarios, de rehén de los violentos.

Entre los señalados como “agitadores” e “incitadores a la violencia” que no fueron detenidos figuran tres personas identificadas como el comerciante Mauricio Cornejo, una joven llamada Leticia Gonzales, hija de Miguel "Mostro" Gonzales -uno de los dos detenidos por los incidentes- y un residente de San Alberto, Federico Soria. Éste último aclaró en sus redes el fin de semana pasado que no es agitador, ni incitador, y se quejó del trato periodístico que dimos a la documentación policial sobre el caso. El otro preso fue Marcelo Correa Molina, acusado de darle golpes a traición al prominero Edgardo Vera. Escapaba cuando la policía intentaba detenerlo.

La última novedad judicial fue que el fiscal Juan Ticheli amplió las acusaciones el viernes a varios: El "Mostro" Miguel Gonzales y Correa Molina fueron imputados de "intimidación pública". Al "Mostro" le agregaron incendio doloso (intencional) contra el comercio de Vera, por el uso de su bidón molotov. Al comerciante Mauricio Cornejo le atribuyeron intimidación pública también pero no está detenido. Y a Federico Soria, lo investigarán por otro hecho de "amenazas coactivas agravadas". Gonzales y Correa Molina seguían detenidos al cierre de esta columna. Sus abogados pidieron de inmediato que intervenga un juzgado penal colegiado para que ordene su libertad.

Sobre Federico Soria hay una “perlita”. Un dato surgido en informantes del gobierno nacional asegura que este hombre, licenciado en turismo, está registrado como empleado de Parques Nacionales. Ingresó en 2007 como contratado y en 2017 ganó un concurso para pasar a planta permanente del organismo, de acuerdo a fuentes oficiales. Luego fue destinado al Parque Nacional El Leoncito, en San Juan. Pero tiempo después presentó una cuestión médica, asegurando que su salud no le permitía trabajar lejos de su casa. "Pedía ser trasladado a unas instalaciones de Defensa, en Mendoza" dijo una fuente.

A raíz de su presentación y de certificaciones de salud, el señor Federico Soria -que había concursado para El Leoncito, según las fuentes- consiguió transitar una licencia desde abril de 2023 hasta el 24 de enero último, cuando una junta médica le dio el alta luego de un año y diez meses. Antes, a inicio de 2024, Parques le había retirado una vivienda asignada años atrás en El Leoncito. "No le correspondía, no era guardaparques, es una de las tantas irregularidades que encontramos" dijeron desde el gobierno nacional. El viernes 24, el día de los incidentes en Uspallata, a Soria le dieron el alta médica luego de una junta.

Ahora, Parques Nacionales lo está intimando para que se presente a trabajar.