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El juez Sebastián Sarmiento pausó una decisión de la Suprema Corte de Justicia este miércoles por la tarde.
Foto: Axel Lloret / Diario Uno
Para el juez Sarmiento aún no están las condiciones para el retiro de celulares
Según el magistrado, luego de recibir informes de la situación carcelaria "no surge acreditación alguna de que se haya cumplido con la proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad en los complejos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y San Felipe".
"Tampoco se verifica que los dispositivos disponibles reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad", completó.
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En la actualidad hay 2.588 celulares en poder de los presos.
Por el contrario, explicó Sarmiento, "el Servicio Penitenciario reconoce que aún se encuentra en trámite la adquisición de nuevos dispositivos, la reglamentación del procedimiento de videollamadas y la ejecución del convenio con la empresa prestataria".
"Tales circunstancias evidencian un incumplimiento material de lo ordenado judicialmente, el cual impide garantizar, en tiempo oportuno, el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad conforme los estándares constitucionales y convencionales vigentes", agregó el magistrado.
El magistrado intimó al Servicio Penitenciario para que presente informes
En su intención de intentar mantener el celular a los presos, el juez Sarmiento intimó al Servicio Penitenciario para que, en el plazo de 20 días hábiles, presente un informe actualizado y detallado que acredite la cantidad actual de dispositivos habilitados para videollamadas o videoconferencias, su ubicación, funcionamiento, condiciones técnicas, accesibilidad y modalidad de uso.
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El ex presidente Alberto Fernández permitió el ingreso de celulares a las cárceles en virtud de la restricción de las visitas provocadas por la pandemia de COVID-19.
Por otra parte fijó una audiencia de seguimiento para el 21 de mayo, a las 13, en la sede del Polo Judicial, con citación al director general del Servicio Penitenciario, Coordinación del Peuce, Dirección de Derechos Humanos, Defensoría Oficial 21, Procuración de las Personas Privadas de Libertad y representantes de los internos que realizaron el hábeas corpus.
La decisión que había tomado la Suprema Corte
Fuentes judiciales indicaron a Diario UNO que la decisión del juez Sarmiento pausó lo decidido por la Suprema Corte de Justicia. Este organismo, el jueves 15 de marzo resolvió con los votos de Dalmiro Garay y Teresa Day quitarlos.
Según los datos oficiales, en las cárceles mendocinas todavía funcionan unos 2.588 celulares que fueron autorizados en su momento, aunque ya se secuestraron 3.350 aparatos.
En Mendoza la ley 8.465 prohíbe a los presos tener celulares, pero en la pandemia el ex presidente Alberto Fernández avaló una excepción para que los internos pudieran tener esos aparatos y así poder comunicarse con sus familias en medio del aislamiento por el Covid, ya que no estaban habilitadas las visitas.
