Fue como una patada en la boca del estómago. Buena parte de los argentinos no termina de salir de su asombro ante la decisión de la jueza porteña Karina Andrade (42) de liberar en tiempo récord a 114 personas que habían sido detenidas por los desmanes que dejó la violenta protesta del miércoles pasado en la zona del Congreso nacional.
¿Qué tiene que ver el derecho a la protesta y al reclamo con incendiar móviles policiales, destrozar mobiliario urbano y descargar una tormenta de piedras contra la Policía?
En esa frenética tarde, integrantes de las barras bravas del fútbol, sectores del kirchnerismo y agrupaciones de izquierda le coparon la parada a los jubilados que todos los miércoles reclaman pacíficamente por sus magros haberes.
Quienes siguieron este suceso por TV vieron claramente cómo esa violenta movida política desvirtuaba un reclamo y ponía patas para arriba una zona clave de la Ciudad de Buenos Aires. Esos espectadores quedaron lógicamente pasmados ante la decisión de la magistrada.
No habían pasado 8 horas desde que se dispersó la protesta, cuando a las 4 de la mañana del naciente jueves 13 la jueza ordenó liberar a todos los apresados, salvo a 4. La ley marca que un magistrado tiene hasta 48 horas para confirmar o rechazar una detención. Andrade no usó ese tiempo.
Su decisión exprés despertó en el ciudadano común la sospecha de que toda esa gente había sido puesta en libertad sin cotejar antecedentes penales y sin analizar pruebas, a pesar que desde el Ministerio de Seguridad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advertían que entre los liberados había personas con graves antecedentes policiales.
¿Protestar es dañar?
La jueza explicó que ante la demora de parte de las fuerzas policiales (de la Federal y de CABA) en detallar los motivos de la detenciones y otros pormenores como la hora y en qué circunstancias ocurrieron, ella privilegió el derecho constitucional de toda persona a la protesta y a peticionar ante las autoridades.
Así, liberó a los detenidos y le pasó rápidamente la posta al fiscal actuante que deberá continuar la investigación pero con todos los supuestos implicados en libertad.
El jueves a la mañana, mientras la jueza explicaba por radio esa decisión, muchos ciudadanos que comparten plenamente el derecho a reclamar se preguntaban: ¿qué tiene que ver esa noble garantía que tienen los ciudadanos con el hecho de incendiar móviles policiales, destrozar contenedores de basura, moler a piedrazos a los efectivos, destrozar el mobiliario urbano, apedrear vidrieras o resistirse con violencia a la autoridad?
La jueza "se quiso sacar rápidamente el fardo de encima" explicaron en los medios algunos abogados que conocen el paño tribunalicio. Difícil saberlo, porque por otro lado no faltaron los doctos más garantistas que indicaron que la jueza no hizo más que defender un derecho fundamental como el de protestar.
Ya sea desde lo legal como desde lo político, este caso será tema de debate por largo tiempo y es factible que de lugar a resonantes investigaciones judiciales para esclarecer tanto el accionar de la jueza como de los policías que pudieron haber cometido algún tipo de exceso.
El impacto
Lo más llamativo ha sido el impacto que ha tenido la decisión de la magistrada porteña en el ciudadano-promedio. Ya son varios los casos en que algunas decisiones tomadas por jueces (y que se suponen apegadas a Derecho) terminan a la postre demostrando una preocupante falta de criterio.
Antes muchos magistrados se escudaban en eso de que "los jueces hablan sólo a través de sus resoluciones". Ya no es tan así. Ahora lassociedades demandan la argumentación de por qué se toman determinadas decisiones jurídicas.
Además de la prioritaria fidelidad a las leyes, en la actualidad hay otros aspectos a tener en cuenta. Los jueces tienen ideología y se manejan en un contexto social y cultural determinado, lo cual los obliga a ser muy criteriosos para evaluar una decisión.
Si un juez libera a 114 personas detenidas por alterar el orden público en un hecho de violencia que fue visto por TV durante varias horas, seguramente se convertirá en un foco de polémica. Esos ciudadanos enojados vieron en vivo cómo quemaban autos, cómo destrozaban paradas de micros o cómo tiraban piedras que sacaban de sus mochilas.
Hasta hace unos años en la Justicia no había ideología de género ni una conciencia acendrada en temas del ambiente. Tampoco existían figuras jurídicas como el femicidio. ni leyes específicas contra los delitos informáticos. Durante mucho tiempo reinó la teoría hiper garantista de Zaffaroni que limitaba el ejercicio del poder punitivo.
La sociedad argentina ya se cansó del exceso de "zaffaronismo" y viene pidiendo algo judicialmente más equilibrado donde, por ejemplo, las víctimas de los delitos vuelvan a tener razones que la Justicia no solía tener en cuenta.
En ese marco de cosas es donde se ubica esta repulsa cívica que ha habido en contra de la polémica decisión de la jueza porteña.