Sin embargo, lo que no dijo el gobernador es que el Ejecutivo no está solamente pensando en ese delito, sino en al menos cuatro más para incorporarles la extinción de dominio. Es decir que personas bajo la sospecha de haber hecho dinero a través de la delincuencia, en medio de sus procesos penales y aunque no hayan sido funcionarios van a tener que demostrar la procedencia de sus bienes, o de lo contrario los van a perder: pasarán a ser del Estado.
Los delitos que están analizando -además de la estafa, que fue el anticipo que dio Cornejo- son robo, robo agravado y homicidio en ocasión de robo (artículos 164, 165 y 166 del Código Penal), algo que, muy incipientemente, se dio a conocer esta semana como información en off.
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Cornejo brindó la primicia sobre cambios en el régimen de extinción de dominio este miércoles.
Foto: Gobierno de Mendoza
De acuerdo a lo que pudo reconstruir Diario UNO, también está sobre la mesa la chance de incluir los explicitados en el artículo 167, que no hablan de sustracción de bienes con uso de armas, pero sí informa sobre otros agravantes, como ser cometidos en poblado y/o en banda, o perforando alguna parte del inmueble -para ingresar a robar-. En el horizonte asoman también los que tienen relación con el art. 41, que habla de “intimidación a través de arma de fuego”.
La discusión detrás del proyecto
El asunto es que aun dentro del Ejecutivo no están completamente seguros de avanzar con todo esto. Son posibilidades que están investigando y poniendo a prueba con juristas y funcionarios. Es más: una de las posibilidades es que Cornejo sólo haya hablado de estafas –y no del resto- porque es el delito que menos dudas genera dentro del Ejecutivo y que prácticamente tiene el ok de todos.
El borrador lo armó la ministra Mercedes Rus, cuentan adentro, pero días atrás ya pasó a revisión por parte el equipo de la Subsecretaría de Justicia que maneja Marcelo D’Agostino, -autor e impulsor del proyecto original de extinción de dominio que ya tiene más de un lustro en vigencia-.
En esta área hay interés en que se avance sobre los delitos nuevos porque entienden, entre otras cosas, que se puede apuntar a los patrimonios de las grandes bandas de delincuentes, y no a los "jugadores chicos", a los que difícilmente se les halle un patrimonio palpable y a su nombre.
En el desfile de figuras fuertes que analizan el borrador–que no son tantos-, por ahora no aparece el Procurador de la Provincia, Alejandro Gullé. Pero sí lo tiene en sus manos, además de los ya mencionados, un asesor constante para estos temas y para mucho de lo que sale desde la cartera Seguridad: Juan Carlos Jaliff. Días atrás se lo dieron para lograr su visto bueno.
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El proyecto proviene de la cartera de Seguridad y Justicia, gestionada por Rus.
El asunto es que, aunque está avanzado, todavía hay dudas sobre incorporar estos supuestos de robo, robo agravado y homicidio en ocasión de robo. Los motivos son distintos, pero uno de los que marcaron ante la consulta de UNO es que no están claras cuáles pueden ser las consecuencias prácticas a la hora de aplicar el cambio. Por eso la zozobra y por eso no descartan incluso que se terminen por eliminar y dejar sólo el anunciado por el gobernador.
Además juega otra realidad, ya mencionada antes en esta nota: los delincuentes de este tipo de hechos no suelen tener grandes patrimonios comprobados, sino más bien un vacío total, todo en negro –algo que no pasa en las grandes bandas de estafadores o en algunos de los nombres propios “picantes” que están denunciados por estafa en la actualidad–.
Esto tiene una salvedad importante: en cuanto a la figura de robo y robo agravado, lo que buscan es que haya una reiterancia fuerte y demostrable en los individuos a los que pueda extinguírseles el dominio de sus bienes. “Son clave los antecedentes, que a veces van de la mano con el acrecentamiento dinerario de los delincuentes”, explicaron.
Una fuente cercana a Cornejo aportó otro aspecto no menor que también hace a las dudas internas que padece el oficialismo: “No es lo mismo el supuesto inicial sobre el que nos paramos cuando se hace este cambio, porque, en estos casos, aún hablando de estafa y no de robo, a diferencia de los hechos de corrupción con los que aplicamos la Ley de Extinción antes, la víctima ya no es el Estado, sino que es un individuo común y corriente, con nombre y apellido, individualizado”.
Otros cambios y cuándo va el proyecto a la Legislatura
Otra de las fuentes usuales de consulta de Cornejo aportó a este diario que “no se puede golpear en falso”. En otras palabras, lo que se defina es lo que tiene que terminar en el proyecto, pero también en manos de la opinión pública, a la hora de debatir la idea. Las discusiones internas y algunos interrogantes son lo que está demorando que llegue la propuesta a comisiones, a pesar del contundente adelanto que hizo el gobernador en Calle España este miércoles.
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Imagen de una persecución que terminó en Las Heras el martes. Robo, robo agravado y homicidio en ocasión de robo, lo que asoma para ir a la extinción de dominio.
En el interín de estos anuncios, algunos en torno al Ejecutivo se preguntaron si los cambios podrían alterar la ley original -sancionada en 2019- y que la DGE pudiera no ser sí o sí la única destinataria de lo recuperado. Sin embargo, ante las consultas de este medio, distintas fuentes se encargaron de aclarar que no hay intenciones de sumar otros beneficiarios y que por lo tanto las escuelas de Mendoza siguen siendo el lugar al que irá a parar lo restituido.
Cuando se terminen de definir hacia adentro de la administración, lo cual ocurrirá en pocos días, no habrá muchas más vueltas para que la propuesta llegue a la Legislatura. Unívocamente, en el Ejecutivo aseguran que el proyecto estará tratándose en el Poder Legislativo en menos de un mes, antes de que termine abril.
Extinción de dominio para estafadores
Estafas es entonces el único confirmado, por eso el dato certero que dio el oficialismo en el Salón de Actos del Poder Judicial: “Enviaremos en breve una modificación al Código Procesal Civil", prometió el gobernador. Es probable que algunas de las presuntas estafas más resonantes de los últimos tiempos incidieran en la decisión de avanzar en ese sentido.
De hecho, cuando se consulta a los funcionarios cercanos al cuarto piso, uno de los ejemplos que más rápido les viene a la boca (en off, por supuesto) es el del clan Caroglio, donde parte de esa familia y otros miembros están acusados del delito de asociación ilícita. En ese caso particular, a través de ganancias ligadas al “metaverso”, es decir al mundo digital. Fuentes judiciales dijeron a Diario UNO tiempo atrás que tras esa causa había movimientos de compraventa de criptomonedas por 4 millones de dólares.
No es el único caso que mencionan: también asoma el nombre de Pedro Guillén, el empresario de turismo detenido el pasado 23 de enero, acusado de estafar a centenares de clientes de su compañía. En ese caso, fuentes allegadas a la causa calcularon que podría haberse quedado con al menos 197 mil dólares de los “viajantes”. Está preso, esperando que avance su causa.
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Algunos de los señalados en el Caso Caroglio, posible estafa millonaria en Mendoza.
Un poco de historia de la extinción de dominio
La ley, concretamente “Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio”, impulsó a Mendoza como pionera en ese aspecto para todo el país y la puso en el mapa desde el que la mira la Justicia de otras provincias. Tuvo a D’Agostino como su impulsor principal dentro del primer gobierno cornejista y cumplirá 6 años este mismo jueves: fue sancionada por la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2019.
Dos años después de eso, en febrero de 2021 y al pie de una sentencia que tenía casi cuarenta páginas, la jueza Paz Gallardo la aplicó por primera vez. Como casi todo Mendoza sabe, la legislación recayó sobre Luis Lobos y su exmujer Claudia Sgró, que fueron presos por los delitos de corrupción que cometieron en Guaymallén cuando Lobos fue intendente. Hoy ella está libre.
Puntualmente, de acuerdo al informe judicial, los bienes que se le quitaron a la pareja fueron: un inmueble en la zona de El Sauce, Guaymallén, con dirección en pasillo comunero con salida a Tirasso 4357 -1666,06 m²-, adquirido el 17 de noviembre de 2008 y que se va a rematar en abril; otra vivienda ubicada en calle Cangallo 3862 de Villa Nueva –con 69,13 m² de superficie-, de la que tenía titularidad Claudia Sgró (no muy lejos de donde, por ejemplo, hacían que Laura Fara -la “mucama ñoqui”- retirara salarios de la comuna que después iban a parar a los bolsillos de ese clan corrupto).
Y a eso se suma una camioneta Amarok 2.0 modelo 2011 de la que eran cotitulares, adquirida el 6 de mayo de ese año; un Peugeot 308, adquirido el 30 de octubre de 2012 y el -tal vez ya famoso- cuatriciclo Can Am Outlander Max 800, adquirido en enero del 2013, siempre de acuerdo a expedientes consultados por UNO.
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La mansión Lobos, cerca de pasar a manos del Estado a través de la DGE.
¿Cómo se logró todo aquello y por qué? Porque la nueva ley permitió que se considerara de origen presumiblemente ilícito -y por lo tanto extinguible- lo que hubiera entrado en el patrimonio de los dos entre dos fechas determinadas por la investigación: entre el 1 de octubre de 2000 y el 23 de noviembre de 2015 para Sgró, y entre el 28 de noviembre de 2003 y el 26 de noviembre de 2015 para Lobos.
Entre los dos, sumaban como cifra presuntamente de origen ilícito unos $4.941.936. Por supuesto, son números que deben ser tomados “a plata de esa época”.
Cómo funciona la extinción
El caso Lobos y el destino de su grueso patrimonio marcó un antes y un después en Mendoza, porque, antes de la modificación, lo más cercano a la recuperación de elementos que había era la figura del decomiso, que exige una sentencia firme en el fuero penal.
Ahora, lo que se hace es exigirle al imputado (en delitos como cohecho, peculado, malversación), que demuestre la licitud de los fondos con los que compró sus bienes. Y todo eso, antes incluso de las sentencias por esas causas de corrupción, ya que lo que se impulsa es una causa paralela en el fuero civil, no un apartado de las investigaciones penales.
De hecho, por ejemplo, a Daniel Orozco y Janina Ortiz podría abrírseles este camino en el futuro inmediato, según confiaron desde la Justicia a este medio. Sobre todo –aunque no era necesario– ahora que, el martes, al exintendente le confirmaron su imputación en la causa por haber presuntamente desviado $35 millones durante su gestión al frente de Las Heras.
Sería otro sacudón fuerte para la agenda mendocina, también logrado por el régimen de extinción de dominio. Eso y que se amplíe a los mencionados nuevos delitos son las novedades que parecen despuntar en el futuro.
