La Policía Ambiental Minera, creada este año tras la aprobación del código de procedimientopara la actividad, fijó su plan de acción para 2025. Para ello este cuerpo sumó movilidades y tecnología y encarará un plan intensivo de capacitación.
La Policía Ambiental Minera, creada este año tras la aprobación del código de procedimientopara la actividad, fijó su plan de acción para 2025. Para ello este cuerpo sumó movilidades y tecnología y encarará un plan intensivo de capacitación.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que con la labor de este organismo se garantiza que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) "no son un cheque en blanco para nadie".
Otra novedad importante es que a la delegación de Ciudad se añadirán sedes en San Rafael, Malargüe, alta montaña y el Valle de Uco.
El plan 2025 para la Policía Ambiental Minera, presentado este jueves en Casa de Gobierno, apunta a que los miembros de este cuerpo especializado -actualmente son 49- trabajen junto a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) como lo establece el nuevo Código de Procedimiento Minero. Este organismo está conformado por distintas organizaciones sectoriales.
El desafío para el año pronto a comenzar es inspeccionar el 100% de las propiedades registradas para la actividad minera en Mendoza, detalló la oficina de prensa del Gobierno de Mendoza.
El alcance de las obligaciones de la Policía Minera es "vigilar los trabajos subterráneos, superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, además del transporte de minerales".
Las movilidades incorporadas están adaptadas para zonas de acceso dificultoso y cuentan con sistemas digitales inviolables y conexión a Starlink aún en sectores sin señal.
"Esto que ven acá es el equipo consolidado de Policía Ambiental Minera, y el gobernador lo remarcó: acá no tenemos minería trabajando por un lado y la fiscalización ambiental por el otro, sino un cuerpo que, colaborativamente, hemos eficientizado y se ha robustecido con estas incorporaciones”, aseguró Jimena Latorre.
"Algunos no creían que se pudiera hacer minería en Mendoza porque no confiaban en los controles -recordó-. Entonces, nosotros lo internalizamos y, con la modificación del Código Procedimiento Minero y la inclusión de criterios y parámetros de control, fiscalización ambiental y también social, fijamos el camino a seguir"
“Prefiero ver el vaso medio lleno de ahora -continuó- sobre la minería en Mendoza, porque estamos en condiciones y tenemos la solvencia, los conocimientos y el equipamiento para poder hacer los controles y, así, minimizar los riesgos lo más posible. Dijimos desde un principio que las declaraciones de impacto ambiental no eran un cheque en blanco, sino que iban a estar fiscalizadas en cada una de sus etapas por una Unidad de Gestión Ambiental”.