El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, estableció un protocolo para garantizar el acceso a la información para los pueblos originarios en proyectos de interés para estas comunidades. El procedimiento viene a cumplir con el derecho de este sector a conocer la implicancia de iniciativas mineras.
Mendoza avanza en la construcción de la licencia social con pueblos originarios. Foto: Jerónimo Shantal, director de minería y Claudio Avruj, director de Asuntos Indígenas.
Foto: Gentileza Dirección de MineríaEl equipo del área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería y el director de Asuntos Gubernamentales de Mendoza, a cargo de Francisco Mondotte, se reunieron con Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a su equipo; Sonia Ochoa y Alejandro Collia de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas.
“En el marco del trabajo conjunto que se viene desarrollando desde el año pasado, se llevó a cabo esta reunión clave para dar por aprobado el protocolo”, explicó Shantal.
Y agregó: “Este tiene como fin garantizar el cumplimiento de los mecanismos adecuados para la consulta previa, libre e Informada hacia las comunidades indígenas. Es un paso fundamental hacia un desarrollo minero responsable, con participación ciudadana y respeto por los pueblos originarios”. De esta manera, Mendoza avanza hacia la construcción de la llamada licencia social, la aceptación y el consenso para la realización de esta actividad.
Acceso a la información sobre proyectos mineros a pueblos indígenas
El protocolo, aprobado por Resolución de la Dirección de Minería, se incorpora en el marco del Código de Procedimiento Minero, referido a normas de responsabilidad social, buenas prácticas y vinculación comunitaria en materia minera. El objetivo central es garantizar el respeto efectivo de los derechos de las comunidades indígenas conforme a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Mendoza.
La resolución que aprueba el protocolo establece que la consulta deberá activarse en todos aquellos proyectos donde se identifiquen comunidades originarias con personería jurídica reconocida por la Provincia.
El procedimiento contempla principios fundamentales como la libertad de decisión, la información adecuada y comprensible, y el respeto cultural, además de asegurar instancias de participación efectiva, plazos razonables, y mecanismos de registro y seguimiento de acuerdos.