La intención del Ejecutivo es que la ratificación de la Legislatura de las 34 declaraciones esté antes de fin de año, para que las empresas puedan comenzar el trabajo.
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Ambiente y Minería presentaron la DIA del distrito minero Malargüe
"Hoy presentamos en la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Malargüe Distrito Minero Occidental, en un proceso riguroso y participativo liderado por la autoridad ambiental minera y el Ministerio de Energía y Ambiente", dijo el gobernador Alfredo Cornejo al respecto.
"Este proceso cuenta con 13 dictámenes sectoriales y el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, documentos publicados en la web y abiertos a todos los ciudadanos", explicó.
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La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; junto al gobernador Alfredo Cornejo.
Foto: Gobierno de Mendoza.
Y recordó que "el MDMO contó también con una audiencia pública multitudinaria, en la que todos pudieron expresarse, con visitas al lugar, en las que la autoridad ambiental minera y invitó a toda la ciudadanía a conocer cómo son los trabajos de exploración y gran apoyo de la comunidad".
El gobernador ilusionó a través de las redes sociales: "La aprobación permitirá explorar y convertir el potencial en cobre, clave para la transición energética y el futuro sostenible de Mendoza y Argentina".
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Declaración de impacto ambiental con requisitos para las empresas
La ley minera 7.722 señala la necesidad de la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos metalíferos, no solo para la etapa de explotación, sino también para los trabajos de prospección y exploración.
"Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley", dice el artículo 3 de la norma.
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Ese es el camino que iniciaron entonces los proyectos del Distrito minero Malargüe.
En los expedientes hay especificaciones que tienen que cumplir las empresas propietarias de los derechos mineros en cada zona, con advertencias ambientales, sociales y económicas.
Mientras estos proyectos son estudiados en la Legislatura, se prepara otro paquete para ser presentado ante las autoridades ambientales y mineras en 2025.