En la última semana se conocieron al menos 10 denuncias contra docentes que daban clases en Mendoza. Seis de ellas corresponden a un hombre que trabajaba en las escuelas Lamas y Edison de Guaymallén, y que ocupaba ese rol a pesar haber sido condenado por abuso sexual en 2017.
El sistema educativo de Mendoza tiene unos 44.000 docentes, y eso representa un desafío enorme. Imagen ilustrativa.
El resto de las acusaciones recae sobre otro sujeto que se desempeñaba en la escuela Matons de San Martín, donde asisten niños con discapacidad. Y si bien todavía no hay sentencias, cabe preguntarse: ¿cómo llegan tipos así a un aula?
"Existe un vacío legal, un hueco que no habíamos identificado", admitió Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE), en diálogo con Diario UNO.
Su franqueza es destacable frente a un tema que habría asustado a otros funcionarios. "Claramente hay que hacer reformas -reforzó García-. Y tenemos en vista los cambios a implementar".
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Por dónde se colaban los abusadores en el sistema educativo
Las 10 denuncias recientes son parte de una serie más larga. En 2021, otro caso resonante dejó expuestas las fallas del sistema. Un profesor suplente de Matemáticas de la escuela Cano, en Guaymallén, fue acusado de tocar a un nene de 11 años.
El escándalo destapó una realidad alarmante: el hombre había sido condenado en 2015 por un abuso cometido cuando daba Catequesis en otro lado. Sin embargo había logrado seguir frente a un aula. Finalmente, y ante la reincidencia, la Justicia lo sentenció a 5 años de prisión.
¿Cómo hizo para que no lo detectaran antes? Simple. Hasta ese momento, para quedarse con una suplencia bastaba con presentar una carpeta de antecedentes y ganar el cuarto llamado -o los siguientes-. Aun más: a veces los docentes tomaban horas con posesión inmediata; es decir que podían estar dando clases menos de media hora después de haber presentado sus documentos, sin que mediara ninguna investigación sobre posibles antecedentes penales.
A raíz de aquel episodio en la escuela Cano, la DGE emitió la Resolución 609/2022, que exigía presentar un Certificado de Antecedentes Penales para acceder a suplencias en todos los niveles. A su vez, a los suplentes en funciones se les dio tres meses para entregar este certificado o perderían su cargo.
Y acá viene lo más loco. Porque la norma no especificaba qué debían hacer los directivos de la escuela si un docente cumplía con presentar el certificado pero en él figuraban antecedentes de abuso u homicidio, entre otros delitos que podían aparecer ahí. Tampoco se registraban estos datos en el GEM, evitando la digitalización y, por tanto, el control por parte de las máximas autoridades.
En consecuencia era posible -¡y legal!- que un docente ganara un puesto suplente, presentara su certificado (aunque tuviera condenas) y siguiera ejerciendo. Si la dirección no accionaba, no pasaba nada. A mediano plazo, ese personaje podía "volar bajo el radar" evitando titularizar, ya que ese trámite implicaba el riesgo de que lo detectaran.
-Vamos al caso reciente en las escuelas Edison y Lamas. Como el de la escuela Cano, este acusado también tenía una condena previa. Entonces: si la resolución 609 del 2022 obligaba a los suplentes en funciones a presentar sus certificados bajo la pena de perder el puesto, en teoría este señor debió haberlo presentado...
-Nosotros hemos solicitado el legajo en papel que la escuela tenía sobre esta persona. Porque si no se le exigió el certificado de antecedentes penales, es evidente que hubo una falla del directivo. Todavía no nos llega esa documentación.
-Pero supongamos que este docente sí presentó el certificado y en él figuraba la condena previa...
-Lo que pasa es que los certificados no especifican qué delito cometiste. Y la resolución 609 no dice qué hacer si el docente presenta un certificado en el que figuran antecedentes. Se podría pensar en suspenderlo 48 horas hasta averiguar cuál es su delito previo, o hacer un acta y elevarlo al supervisor. Pero lo real es que la norma no resulta clara. Es evidente que necesitamos mejor comunicación con la Justicia.
-Se podría, por ejemplo, evaluar qué tipo de delito cometió. Porque una cosa es tener una causa penal por un accidente de tránsito y otra una condena por abuso de menores...
-El artículo 141 de la Ley de Educación Nacional otorga competencias a las provincias para inhabilitar a quien haya tenido algún tipo de delito contra la integridad sexual. Yo creo que esto debería ser ampliado e incluir también a quienes tienen, por ejemplo, condenas por trata de personas. La normativa, insisto, ha quedado desfasada. El estatuto docente tampoco preveía esto y hay que cambiarlo cuanto antes.
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Otros aspectos grises
La época plantea más desafíos. Hay situaciones en las que una denuncia de abuso se realiza en el ámbito escolar pero no trasciende en la Justicia Penal, por lo que el docente acusado puede escabullirse y volver al sistema en otro cargo suplente y en otra escuela, ya que su prontuario se ve impecable. En estos casos, incluso podría alegar discriminación si se le negara el puesto. Oficialmente, el tipo está limpio.
García ejemplificó con el caso Próvolo, donde al principio solo había denuncias de padres dentro del contexto de la escuela. La Justicia tardó años en investigar.
"Debemos concientizar para que este tipo de denuncias se hagan también en el fuero penal", afirmó la jefa de Gabinete.
-Vamos a otro aspecto gris. Para sacar el bono de puntaje y titularizar se exige el Certificado de Antecedentes Penales. Pero, ¿qué ocurre una vez que se titulariza? ¿Alguien vuelve a pedirle el certificado actualizado a ese docente? ¿Se produce un seguimiento? (nota: el acusado en la escuela para niños con discapacidad de San Martín era titular de la cátedra de Música).
-En secundaria, por ejemplo, el bono se hizo hace 8 años y recién ahora nosotros lo estamos volviendo a lanzar. Cuando el docente titularizó es probablemente cuando presentó por última vez los certificados de antecedentes penales.
-O sea que si el sospechado se mandó algún delito penal después de titularizar o de sacar el bono, hoy no hay forma de estar prevenidos.
-Claro, exactamente. De todos modos nosotros activamos protocolos todo el tiempo, más o menos uno por día. Algunos tienen que ver con situaciones que viven los chicos -violencia familiar, etcétera- y otros tienen que ver con temas docentes. Entre los educadores, hoy tenemos en total unos 20 expedientes en tratamiento, analizando si hay apertura de sumario y decidimos suspensiones o cesantías. Y ninguno de esos casos ha tenido denuncias penales.
-Otro escenario es lo que ocurre si este docente titular comete un delito fuera del ámbito escolar. Un abuso sexual simple en la vía pública, por ejemplo. Si recibe una condena de menos de 3 años, puede andar por la calle y seguir dando clases. Esas circunstancias hoy no se detectan.
-Sí. Pero el sistema educativo provincial tiene 44.000 docentes; ¿cómo debería actuar la DGE respecto a los delitos que tienen lugar en otros ámbitos? Yo entiendo que es la Justicia la que debería notificarle al sistema escolar. Cuando alguien se presenta en un juzgado le preguntan sobre su empleo, o sea que se sabe si es docente. Se nos debería comunicar que ese docente tiene temas pendientes con la Justicia.
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El diagnóstico de la DGE y los tres puntos críticos
García expuso tres puntos que la DGE está abordando para terminar con los vacíos que permiten el ingreso y la permanencia de personas no deseadas al sistema educativo:
"Primero, debemos reformar el Estatuto Docente, aunque eso requiere una nueva ley y llevará tiempo. Segundo, hoy no tenemos un registro de docentes inhabilitados y los plazos de sus inhabilitaciones. Tercero, la ley actual habla de inhabilitaciones (de hasta tres años) y exoneración (hasta 10 años), pero no menciona la expulsión permanente de una persona del sistema, y eso habría que repensarlo", explicó la funcionaria.
García recordó que el docente acusado en las escuelas Edison y Lamas efectivamente había sido inhabilitado. Sin embargo, en 2019 pudo regresar debido a la falta de un registro compartido entre los directivos y por la imposibilidad de verificar su prontuario en el GEM.
Con este panorama, la DGE planea acelerar los tiempos. La funcionaria enumeró otras reformas que se vienen:
- Ya se envió un memo para que todos los suplentes presenten su Certificado de Antecedentes Penales antes del 1 de diciembre, o no podrán continuar en sus funciones.
- Se planea exigir ese Certificado de Antecedentes en todos los llamados para tomar horas, incluidas las suplencias.
- Ya se redactó un añadido a la Resolución 609, para especificar qué deben hacer los directivos cuando ven que el docente presentó un certificado que sí muestra causas penales.
- Se pretende afianzar el vínculo con la Justicia, para que se informe al sistema cuando un educador sea condenado por hechos cometidos dentro o fuera de una escuela.
"La escuela -concluyó García- sigue siendo un amplificador de lo que ocurre en la sociedad, y el rol de los directivos se realiza en un contexto cada vez más complejo".
*Nota: la escuela Edison que se menciona en esta nota es la institución pública que está en el barrio Santa Ana, no la escuela homónima de gestión privada.