“El precio de la compraventa se fija en U$S20.000”, establece la cláusula cuatro del contrato del traspaso de las acciones de IMPSAque firmó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y ratificó este jueves el gobernador Alfredo Cornejo.
“El precio de la compraventa se fija en U$S20.000”, establece la cláusula cuatro del contrato del traspaso de las acciones de IMPSAque firmó la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y ratificó este jueves el gobernador Alfredo Cornejo.
El dato se conoció con la publicación del decreto Nº 724 en el Boletín Oficial, en el que se ratifica el contrato de traspaso de acciones firmado el 11 de febrero de 2025 en favor de Industrial Acquisitions Fund LLC, el grupo inversor estadounidense del que forma parte ARC Energy.
Esa cifra se pagó al momento de la suscripción y se dividió entre los dos vendedores, esto es, el FONDEP, titular de las acciones de la Nación, y la Provincia de Mendoza.
Como complemento a ese monto, bajo en relación a lo que el Estado pagó por esas acciones al momento de la estatización, las “partes acuerdan expresamente en que es condición esencial de este contrato el cumplimiento por parte de la compradora de la capitalización de la sociedad - IMPSA- por la suma total de U$S27.000.000”.
“Industrial Acquisitions Fund LLC se comprometió a capitalizar IMPSA S.A. con la suma de U$S27.000.000, proponiendo un cronograma de integración de fondos acorde a lo requerido”, señaló el gobernador Alfredo Cornejo en los argumentos del decreto.
Ese cronograma figura en el contrato y establece lo siguiente:
No obstante, reza la cláusula 5.2, “la falta de cumplimiento en término de la integración comprometida, hará pasible a la compradora de una multa por la sum a de U$S5.000.000”, sin perjuicio del reclamo de daños y perjuicios.
El primer aporte, además del pago del “precio” de venta del contrato, se realizó también al momento de la firma.
En la cláusula 7, la vendedora de las acciones de IMPSA, es decir el Estado nacional y la Provincia de Mendoza, declara algunas cuestiones referentes a la situación de los empleados y directores pasados o actuales.
“La sociedad no ha otorgado ni se ha comprometido a otorgar ningún tipo de planes de pensión, garantías, bonificaciones, compensaciones, beneficios ni gratificaciones en favor de los empleados, funcionarios, directores o accionistas, pasados o actuales, salvo por lo impuesto legalmente”, establece.
Y agrega que “no existe ningún esquema de remuneración que dependa de las ganancias o incrementos patrimoniales de la sociedad”.
El contrato de la venta de IMPSA fue acompañado con anexos que no fueron publicados por el Gobierno de Mendoza.