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El proyecto también modifica aspectos clave relacionados con las servidumbres legales y el desvío de agua para beneficio personal sin la debida autorización. A través de estos cambios, se pretende evitar el uso ilegal de los recursos hídricos, asegurando que estos sean utilizados de manera responsable y en beneficio de toda la comunidad.
La sanción más dura irá para aquellos que construyan un pozo para extraer agua sin la previa autorización con una multa que va desde las 3.000 UFA a 100.000.
La iniciativa fue impulsada por los ex senadores Marcelo Rubio, Fernando Alin, Rolando Baldasso, Ernesto Mancinelli y el actual senador Martín Kerchner Tomba. Ahora, solo resta la promulgación del Ejecutivo.
Los turnos para utilizar el agua
El aprovechamiento del agua en Mendoza es un tema crucial debido a las limitaciones naturales de los recursos hídricos en la provincia.
El proyecto establece nuevas regulaciones que permiten a los usuarios acordar turnos entre ellos para el uso del agua en las hijuelas regadoras, lo que mejorará la distribución del recurso en la agricultura, uno de los sectores más afectados por la escasez hídrica.
El artículo 167, dispone "que el interesado que violase el turno o sacase agua en los períodos que no le corresponda, pagará una multa de 100 a 10.000 UFA doblándose en cada reincidencia; pero en las hijuelas regadoras podrán los interesados establecer el turno entre ellos como mejor les convenga".
Sancionarán a quienes no respeten los procedimientos para la gestión del agua
También se introducen cambios en cuanto a la obligatoriedad de ciertos trámites administrativos. Ahora, los infractores podrán ser sancionados no solo por el incumplimiento de las normativas hídricas, sino también por no cumplir con los procedimientos establecidos para la gestión de recursos hídricos.
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El proyecto también introduce cambios en otras leyes vinculadas a la gestión hídrica, como la Ley 971, que prohíbe levantar construcciones sobre los canales de desagües que afecten la circulación del agua. Además, se refuerzan las sanciones por cultivos ilegítimos o clandestinos, que podrán ser más severas en caso de reincidencia.
El proyecto completo
