Lejos de ser el Gobierno quien ha desnaturalizado las audiencias públicas, fue precisamente el movimiento antiminero -del cual el propio Eduardo Sosa forma parte- el que durante años convirtió estas instancias en escenarios de confrontación y estrategias de bloqueo sistemático al desarrollo de la actividad minera en Mendoza. Cuando él mismo afirma que a la audiencia pública "la han matado las nuevas estrategias para evitar que pueda obstaculizar la agenda política", queda claro el objetivo y la intencionalidad. Como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.
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Audiencia pública del proyecto minero Don Ernesto, en Uspallata.
La audiencia pública, según su espíritu y su marco legal, es un procedimiento de consulta no vinculante, orientado a escuchar y exponer opiniones para enriquecer la toma de decisiones. Sin embargo, en nuestra provincia estas instancias fueron sistemáticamente vaciadas de su sentido dialogal y convertidas en trincheras donde sólo se buscaba el rechazo total a cualquier proyecto minero, sin importar su sustentabilidad, los estándares técnicos aplicados, ni las necesidades de desarrollo de las comunidades locales.
Frente a esta dinámica confrontativa que desvirtuó el sentido real de la participación ciudadana, en 2020 presenté un proyecto para que, en el marco de la Evaluación Ambiental Minera, se establecieran, de manera previa a las audiencias públicas, mesas de diálogo. Estas mesas permitirían analizar proyectos complejos como los mineros, con la participación exclusiva de las comunidades directamente involucradas.
Allí propuse sustituir la lógica de enfrentamiento del “sí o no” por espacios de diálogo auténtico, representativo y constructivo, donde los distintos actores —habitantes locales, organizaciones sociales, empresas, Estado— puedan interactuar de forma sostenida, con el objetivo de construir consensos y encontrar soluciones reales.
A diferencia de la audiencia pública tradicional, en la que el dramatismo, la presión mediática y los tiempos acotados suelen obstaculizar una deliberación profunda, una mesa de diálogo permite abordar la complejidad de los proyectos mineros en toda su multidimensionalidad: impacto ambiental, desarrollo económico, infraestructura, cuidado del agua, empleo local, entre otros temas cruciales.
Pero volvamos a las recientes audiencias públicas.
Sosa criticó la última realizada para evaluar el proyecto minero de talco "Don Ernesto" en Uspallata, descalificando su impacto en el empleo por su tamaño y cuestionando la participación de numerosas personas que apoyaron el desarrollo minero, tanto presencial como virtualmente, desde Uspallata y otras localidades de la provincia.
Se trata de personas que hoy, legítimamente, quieren que Mendoza avance y aproveche sus recursos naturales para contribuir a la transición energética global y generar trabajo genuino para su gente. Porque la sociedad mendocina está comenzando a liberarse del miedo que durante 20 años le han inoculado, bajo la amenaza constante de un apocalipsis ambiental que, a la luz de los hechos, jamás ocurrió ni en Argentina ni en su minería moderna.
Estos promotores del miedo manipulan los temores naturales de las comunidades frente a lo nuevo. En lugar de aportar a una construcción positiva que permita corregir, mejorar y potenciar los proyectos en beneficio de todos, prefieren explotar el miedo paralizante desde la comodidad de sus computadoras y teléfonos móviles, dispositivos que paradójicamente requieren minería para ser fabricados.
Ante esta oposición persistente a cualquier atisbo de progreso y desarrollo, resulta necesario recordar algunas experiencias. Como el rechazo en Gualeguaychú a las plantas de celulosa, impulsado por militantes ambientalistas y funcionarios nacionales como la ex secretaria Romina Picolotti —condenada por corrupción— y el entonces presidente Néstor Kirchner. Una actividad que Argentina despreció y que hoy constituye en Uruguay el principal motor exportador, generando más de 30.000 empleos directos e indirectos y exportaciones superiores a 2.500 millones de dólares anuales. Toda una industria regalada a nuestros hermanos uruguayos.
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Mina de talco en Uspallata.
O en nuestra provincia, el caso de la planta del Iscamen, que esteriliza insectos con rayos gamma. En su momento, esta tecnología enfrentó oposición de mucha gente y en varios departamentos por temores infundados sobre la radiación, pero con el tiempo demostró ser segura y clave para la agricultura provincial. Hoy el Iscamen suministra pupas esterilizadas de mosca del Mediterráneo a varias provincias de nuestro país y las exporta a Chile y Bolivia.
En cuanto a las críticas de Sosa sobre la realización de audiencias en días laborables, cabe señalar que esta gestión de gobierno ha celebrado las más importantes -como la del Distrito Minero Malargüe- en días sábados, priorizando así la participación de la comunidad. La primera ya se llevó a cabo en 2024 y la próxima está prevista para el sábado 10 de mayo.
También resulta contradictorio que Sosa cuestione ahora la participación de personas de distintos lugares, cuando su propio sector promovió históricamente la intervención de activistas externos. Como esa periodista de derechos humanos del conurbano bonaerense que se oponía a un proyecto turístico en Tunuyán por considerarlo elitista. O aquella estudiante estadounidense de paso por Malargüe, que se oponía al Distrito Minero como si estuviera haciendo un trabajo práctico.
Nunca esas opiniones foráneas deberían tener el mismo peso que la voz de un malargüino o un uspallatino que busca legítimamente una oportunidad laboral en su tierra. Porque a las audiencias públicas no acude gente “arreada” con promesas de puestos trabajo -que todos sabemos- no se generan de forma automática ni de un día para el otro. La gente no es estúpida, sabe que es un proceso, pero ellos quieren ser parte del mismo y por eso dan su testimonio. Aunque sea tan escueto y breve como "doy mi apoyo al proyecto, porque quiero trabajar". Algo que los sistemáticos opositores no parecen atender ni respetar, y para lo que no ofrecen ninguna solución o camino alternativo serio.
Así, los argumentos de Sosa criticando la audiencia pública terminan pareciendo el famoso meme del Hombre Araña señalándose a sí mismo: cuando el mecanismo no les favorece, lo descalifican.
La audiencia pública no ha muerto. Fue desnaturalizada para convertirse en una trinchera contra el progreso, pero hoy debemos rescatarla y complementarla con nuevas formas de participación adecuadas para proyectos complejos: mineros, petroleros, energéticos, hidroeléctricos, turísticos, entre otros.
Necesitamos espacios de conversación auténtica, donde el objetivo no sea bloquear ni imponer, sino construir acuerdos y fortalecer la confianza. Y, sobre todo, empezar por quienes viven en las zonas donde esos proyectos se desarrollarán. Porque esa confianza es la base para que Mendoza pueda, de una vez por todas, aprovechar su potencial en beneficio de sus comunidades locales, sin miedo, con responsabilidad y con una mirada de futuro.
