La nueva administración de IMPSA tiene, aunque en segundo plano, una deuda que perseguir y la reactivación de un contrato con Corpoelec, la empresa estatal de energía eléctrica del Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.
Turbinas Kaplan como ésta aguardan en IMPSA la resolución del conflicto con el Gobierno de Venezuela.
Allá por 2013, principios de 2014, IMPSA empezó a sentir fuertes golpes financieros generados especialmente por el congelamiento de pagos de Venezuela. La empresa –entonces privada- tenía convenios vigentes y a cobrar por el desarrollo de turbinas para la generación de energía eléctrica.
Según el balance de 2023 de la firma, que en el medio pasó a manos estatales y a principios del 2025 pasó a manos norteamericanas, el 86,76% del saldo de créditos por ventas de IMPSA le corresponden a Corpoelec y “ascienden a miles de pesos 21.042.183”.
Cuál es el plan de ARC Energy, la compañía de Estados Unidos que se hizo cargo de la capitalización de IMPSA.
¿IMPSA puede cobrar los créditos venezolanos?
“Las fechas en que serán cobrados esos créditos y las condiciones en que se perciban no se pueden prever. En consecuencia, no nos es posible determinar si será necesario efectuar algún ajuste sobre dichos importes”, decía un informe de auditores sobre los estados financieros de IMPSA a mediados del 2023.
La situación sigue igual.
Corpoelec, ex Edelca, la empresa operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica de propiedad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela vio afectada su capacidad de cumplimiento de las obligaciones desde el ejercicio 2013.
La deuda de Venezuela con IMPSA hoy incluye cuentas por cobrar, clientes por contratos de construcción y reclamos por mayores costos originados por los atrasos en los pagos.
La necesaria intervención de Estados Unidos
Pero a la ya complicada situación existente por decisión del Gobierno de Maduro, se le suman ahora las sanciones internacionales que Estados Unidos aplicó a ese régimen y que son exigibles a IMPSA, por haber pasado a manos norteamericanas.
Estados Unidos tiene sanciones contra Venezuela que incluyen restricciones de lavado de activos. Esto significa que una empresa de capitales americanos no puede negociar o ser contratada por Maduro así como así. Para hacerlo, necesita de una autorización.
Es la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la agencia del Tesoro de Estados Unidos, la que debe intervenir ante el requerimiento de IMPSA y autorizarla, en su caso, a operar.
Las autoridades de IMPSA confiaron a Diario UNO que el trámite administrativo será iniciado en EE.UU., pero que se trata de un trámite largo cuyo resultado es incierto.
“Si consideran que la electricidad es un bien esencial para el pueblo venezolano, y que IMPSA puede terminar la obra comprometida, la OFAC nos dará la licencia”, explican sin entusiasmarse demasiado.
Recién si eso sucede, IMPSA podría, por un lado ir por la vieja deuda; y por otro, acabar las obras iniciadas en la Central Hidroeléctrica de Tocoma. La situación es tan compleja que, según dijeron, “las turbinas Kaplan terminadas están en la planta”, acá en Mendoza.