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Todavía queda un sujeto prófugo con orden de captura por los incidentes provocados en Uspallata durante una protesta contra la minería.
Del análisis de su caso participan no solo el fiscal de la causa Juan Sánchez, sino también una fiscal adjunta en jefe. De no llegar a una conclusión en las próximas horas, la resolución sobre la situación procesal del asambleísta de Uspallata la definirá la jueza de garantías Claudia Tula durante una audiencia fijada para este viernes.
La imputación del asambleísta antiminero y su situación
Mauricio Cornejo fue detenido el 24 de febrero. Fue denunciado por el presidente de la Cámara de proveedores mineros de Uspallata, acusado de haber ocasionado incidentes durante la protesta llevada a cabo a fines de enero, cuando las oficinas de esa cámara empresaria iban a ser inauguradas.
El asambleísta antiminero está imputado por “pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica y por el delito de amenazas coactivas agravadas, por compeler a la víctima a hacer abandono de su lugar de residencia habitual y de trabajo, todo en concurso real”.
Esos delitos están tipificados en los artículos 213 bis y artículo 149 ter punto 2, letra b del Código Penal. Y el primero de ellos no es excarcelable, por lo que el hombre permanece en prisión.
Lo que se debate la Fiscalía ahora es si esa prisión puede llevarla a cabo en su casa o no para poder asistir a curaciones que necesita por prescripción médica en consultorios exteriores.
Los otros acusados por los disturbios durante las protestas contra la minería
Fueron cinco en total los apuntados por la Justicia tras los desmanes en Uspallata pero Cornejo es el único que permanece detenido.
Leticia Mariana González y Marcelo Correa Molina fueron liberados bajo una caución de $500.000. En tanto que Miguel Pablo González fue condenado a tres años de prisión condicional por incendio doloso y su pertenencia a una agrupación para la coerción ideológica en un juicio abreviado y liberado en ese momento.
El restante se ha presentado ante el fiscal solo a través de su abogado, para pedir su liberación. Sin embargo, la Fiscalía mantiene el pedido de detención por su participación en los disturbios durante la marcha anti minería.
