Probablemente las PASO desaparecerán de la faz política argentina y está bien. Hay una decena de argumentos para demostrar cómo dañan al sistema electoral y cómo no suman todo lo bueno que dicen agregar al mecanismo, sino al contrario.
Probablemente las PASO desaparecerán de la faz política argentina y está bien. Hay una decena de argumentos para demostrar cómo dañan al sistema electoral y cómo no suman todo lo bueno que dicen agregar al mecanismo, sino al contrario.
Por ejemplo: aunque haya primarias, de todos modos hay elecciones “a dedo” adentro los partidos, o sea que la “participación de minorías” que garantizan, en realidad es bastante relativa.
Por otro lado, si alguien quiere participar de una interna y ya no hay más PASO, bien se puede afiliar a su fuerza y votar adentro de ella, como ocurrió durante décadas, sin que tengamos que financiar, todos, sus decisiones privadas.
A eso se suma lo que ya sabemos todos: son carísimas en relación a lo que brindan: cuestan cerca de 90 mil millones de pesos sólo en la Nación. Después hay que sumar los costos que tienen en Mendoza y en cada una las otras provincias; y después, pensar en todo lo que ha costado cada primaria a lo largo de estos años.
Pero si se habla de dinero, eso no es lo más grave. Lo grave es que, encima, generan escenarios absurdos que no condicen para nada con ese gasto monstruoso que requieren. Más bien lo hacen aún más incomprensible.
Por ejemplo: ¿Vos conocés a Jorge Oliver, a Paula Arias, a Eliodoro Martínez, Reina Xiomara Ibáñez, Andrés Passamonti, Nazareno Etchepare y/o Marcelo Ramal? ¿Tenés idea de quiénes son o te dicen algo esos nombres?
No. Por supuesto que no.
Pero fueron precandidatos a Presidente de la Nación hace un año. Compitieron por la máxima investidura del país y, sin embargo, ni vos ni yo les conocemos ni siquiera la cara.
Eso sí: tanto vos como yo sí les financiamos su entretenida aventura política. Por supuesto, en Mendoza algunos de ellos sacaron literalmente un sólo voto (aunque cobraron igual el dinero que les daba el Estado sólo por participar).
Esto podría llegar a ser hasta gracioso, según cómo se lo mire. Pero claro, en un país en donde la mitad de la gente vive inmersa en angustia porque no tiene un peso y no sabe de dónde sacarlo, regalar el equivalente a 300 mil jubilaciones para poder financiar esto es una payasada grave.
Desde luego que hay muchos argumentos más en contra de las PASO, pero la verdad es que no es el eje principal a abordar aquí. El punto es que lo que está haciendo Milei con los partidos políticos, y con lo que les exige el Estado ante cada elección, es correcto, está bien. Básicamente les pide que tengan al menos un equivalente a 0,5% del padrón afiliado y que en los últimos dos comicios hayan sacado al menos tres puntos porcentuales.
En otras palabras, que sean partidos reales; que se acaben los sellos de goma y las pantomimas. Los partiduchos que en una elección juegan en una vereda, a la siguiente se pasan a otra coalición y a la siguiente, a otra distinta sin ponerse colorados. ¿Y por qué hacen eso? Porque más que partidos parecen simples salvoconductos para conseguir financiamiento. Y encima, después, ese dinero que viene de arriba no lo pueden argumentar siquiera con votos; porque van a las urnas y no los vota nadie. Tenemos en Mendoza ejemplos de esto.
Entonces sí, hay que darle una lavada de cara a la política y a esa lavada de cara el Gobierno la está encarando de manera -hasta acá- correcta. Es más: ya está haciendo de esto un eje de gobierno. La corrección de los “desfases” y las mañas ya es parte del mito mileísta, incluso. De su identidad a la hora de encarar la calle y el palacio. Y lo hizo tanto desde la campaña como ahora en la gestión.
Ahora bien. Todo esto que remite a lo malo, a lo podrido, a lo fétido de las formas que tiene la dirigencia argentina, nos lleva a preguntarnos si lo hecho hasta el momento es suficiente para el tiempo que los Milei llevan en el poder. Y más aún: nos lleva a preguntarnos si este oficialismo se atreverá a ir a fondo en este sentido, en los tiempos que quedan por delante. Si se atreverá a atacar a absolutamente todas las mañas de la política. Incluso a las que este mismo oficialismo pueda tiene enquistadas. ¿Qué ocurrirá con ellas? ¿Las destruirá como promete o las terminará justificando y, por tanto, favoreciendo y ayudando a que persistan?
Nos preguntamos esto porque todavía hay cosas que mejorar. Veamos algunas: desdoblar o no las elecciones, por ejemplo. Hoy los oficialismos en provincias y departamentos tienen el poder para decidir si quieren plegarse o aislarse de las elecciones nacionales. Si quieren ir el mismo día o en una fecha separada a los comicios que definan cargos en el resto del país. Eso significa que estos dirigentes pueden elegir –con un tiempo previo prudencial para avisarlo- cuándo vota la ciudadanía a la que gobiernan. Y eso es incorrecto. Lo correcto sería que exista un criterio unívoco acerca de cuándo se va a las urnas. Y que ese criterio persiga un bien común: o de ahorro, o de comodidad, o de otro tipo de beneficio a las instituciones o de la suma de algunas de esas opciones. Pero no, lo que tenemos son leyes que dicen que el gobernante de turno simplemente decide cuándo quiere él que se vote. Puede especular a ver cómo le va a la Nación; si va a ser aliado o no de candidatos en otras jurisdicciones, si la crisis “pega” más o menos, etcétera. Los oficialismos no necesitan más ventajas. Al contrario: deberían igualarse con el resto de las fuerzas. Ahí, entre otras cosas, hay algo que revisar en las provincias.
Más mañas de la política: los premios y castigos. Este Gobierno nacional llegó con una premisa que muchos celebramos: el fin de las transferencias discrecionales a los gobernadores. Eso se ha dicho. Sin embargo, algunos sí han recibido transferencias discrecionales. De hecho, un estudio de la consultora Politikon Chaco de hace días (con base en datos del Ministerio de Economía) muestra que el 33% de las transferencias discrecionales enviadas en 2024 fue repartido sólo entre cuatro gobernadores: Raúl Jalil de Catamarca, Hugo Passalacqua de Misiones, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Justo los mismos que el 20 de octubre se comieron un asado con el Presidente en Olivos y son parte, indirectamente, de su sostén “dialoguista” legislativo.
Son datos que hacen ruido. En Mendoza los funcionarios suelen decir a menudo que ahora no hay discriminación ni diferencias desde Casa Rosada. Bien: habría que ver si siguen pensando lo mismo, porque esta provincia no figura en esas planillas como merecedora de estas mencionadas transferencias.
Por supuesto que, en cifras, esto no es comparable a la discriminación que hizo del gobierno kirchnerista, que fue desvergonzada y puso a Mendoza última. Pero son gestos. Y son gestos que al menos hacen pensar -se parecen a, si no es que directamente son- parte de las mañas políticas que hay que erradicar.
Tercero: asesores. Ejemplo puntual: ¿De verdad un gobierno que descree y tiene una guerra contra parte del periodismo necesita a tuiteros favorables a ellos siendo designados como asesores del Estado y pagados con dinero de las arcas nacionales, como “Juan Doe” (Juan Carreira) y Tomás Jurado, entre otros?
Probablemente no. ¿Por qué los designan entonces, al mejor estilo de la política de siempre o al mejor estilo de las mentadas mañas? ¿Aportan algo que el país realmente necesita o es sólo una forma de pagarles su militancia en redes?
Es una pregunta válida en este recorrido que pretende sanear la política.
Lo mismo con los asesores de los legisladores en el Congreso. Fue una promesa de campaña -y una promesa ya en la gestión-, por parte Milei, el empezar a eliminar esa cantidad de asesores de las bancas. Sin embargo, no se ven avances trascendentales en ese sentido y eso que, en el medio, un senador oficialista -Bartolomé Abdala- reveló torpemente que usaba o usa a 13 empleados públicos, no para que lo ayuden a tratar leyes, sino para que lo ayuden a ser gobernador en San Luis.
Sin palabras.
Se podría sobreabundar más respecto a dónde ir a buscar los puntos flojos y mejorables de nuestra dirigencia. Las mentiras en campaña -si son flagrantes- podrían ser castigadas de alguna manera, al menos por los votantes. Y, por dar otro ejemplo, se podría regular la actividad legislativa para que no sea tan poca y tan arbitraria en cuanto a los proyectos que trata. Eso, entre muchos enfoques más.
Para ir finalmente al grano, el asunto es mejorar. Este Gobierno está haciendo algo para sanear a la política en algunos de sus rincones más opacos y eso es valorable. Pero hay que seguir. Incluso en lo que pueda molestar a los propios. Eso lo haría más loable aún.
Las mañas de la política son los superpoderes gracias a los cuales sobreviven los malos dirigentes. Y gracias a los cuales se eternizan las pésimas prácticas que ayudan a mantenernos estancados. Resolver estos aspectos no traerá una solución total ni tampoco definitiva a nuestros males, desde luego. Pero nos dará mejores herramientas democráticas y, en cualquier caso, al menos nos pondrá ante nuevos desafíos y no ya ante los mismos de siempre.
Esta gestión ya hizo cosas en cuanto a eso y se las reconocemos.
Pero ahora le pedimos por las que faltan.
Estamos a mitad de camino.
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