El oficialismo contó este martes con apoyo de parte de la oposición y logró modificar la ley Nº 6.441, que regula la actividad de la seguridad y vigilancia privadas. En el Senado, el proyecto con despacho de mayoría resultó aprobado 22 a 16, sin modificaciones en el articulado.
Las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán adaptarse a la nueva ley, votada este martes en el Senado.
Uno de los puntos más cuestionados por el peronismo y La Unión Mendocina fue el artículo 16, que limita la actividad de las cooperativas en materia de seguridad privada prohibiéndoles tomar nuevos clientes a partir de la sanción de la ley.
"Por qué prohibir a las cooperativas que presten el servicio de vigilancia. Se han dicho cosas que no son ciertas. Se dijo que no pagan impuestos y es falso, pagan IIBB. Se habló de precarización laboral y es falso, sus asociados pagan jubilación y obra social por monotributo, tienen vacaciones y aguinaldo y se les realizan inspecciones y capacitaciones. Se habló de competencia desleal y es falso", aportó Valentín González, senador por LAUM, y presentó un despacho en minoría sin el artículo 16 que no prosperó.
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De qué se trata la reforma del sistema de seguridad privada en Mendoza
La nueva norma, que la presidenta del Senado, Hebe Casado, mandó al Ejecutivo para su promulgación, será de aplicación obligatoria para todas las "empresas y organizaciones prestadores de servicios de seguridad privada, incluyendo aquellas que operen como prestadoras locales de sucursales o filiales de agencias habilitadas en otras jurisdicciones".
La intención de la reforma, según expresó el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, es "adecuarse a la realidad actual" ya que desde la sanción de la ley en 1997 el sector creció con 175 empresas y más de 10.000 vigiladores registrados en Mendoza.
"La nueva ley que regula la seguridad privada marca un paso clave para la profesionalización y formalización de este servicio, que es parte del sistema integral de seguridad. La normativa, que no se actualizaba desde 1997, nos permite adaptarnos a los cambios de los últimos años", expresó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
La crítica de la oposición
Desde el bloque del Partido Justicialista llegaron también críticas al proyecto, especialmente relacionadas con la labor de las cooperativas.
"Creo que es importante que la actividad sea regulada; pero que limitemos la forma jurídica de quién puede prestar el servicio, no", aseguró el senado Pedro Serra, sumándose a los cuestionamientos que ya había hecho González, del bloque demarchista.
"Nos llenamos la boca hablando de qué buenas son las cooperativas y acá decimos lo contrario. Si el problema es con las tres que hay, díganlo porque no es justo. Queremos que haya competencia y acá la estamos cortando", afirmó.
Serra es uno de los que aseguró estar de acuerdo con el resto de la normativa pero resolvió votar en contra en general y en particular.
Mauricio Sat afirmó además que "hablar de cooperativismo no es sinónimo de precarización laboral" y planteó que "si hay un problema con las que funcionan mal, deben ser sancionadas".
En representación del peronismo advirtió que "teníamos la voluntad de acompañar la ley, porque coincidimos en algunos artículos pero nos hace ruido el 16 porque es inconstitucional".
Lo que lamentó fue haber estado discutiendo el texto de la ley por dos semanas cuando el oficialismo "ya tenía una decisión tomada" al respecto.
"Es una ley a medida que marca una posición respecto de las cooperativas; lo que no es positivo", dijo Sat.
Los tres votos clave
Además de los 19 votos oficialistas, la ley contó con la aval de tres opositores: Dugar Chappel, del Partido Verde; Armando Magistretti, del Partido Demócrata; y Duilio Pezzutti, del Justicialismo.
Eso permitió que a Cambia Mendoza le bastara con los votos de los legisladores para sacar la ley sin tener que recurrir al desempate de Casado.
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