El conflicto de los equiparados que cobran como magistrados sin serlo llegó a la Suprema Corte hace más de 4 años ¿Se resuelve ahora?
El pleno de la Suprema Corte de Justicia deberá resolver -sin Pedro Llorente- el caso de los equiparados a magistrados, que cobran como tales pero sin serlo.
El Gobierno apuró a la Suprema Corte de Justicia para que defina cuanto antes, en fallo plenario, el conflicto judicial que comenzó en 2020 por los funcionarios equiparados a magistrados, que cobran como tales pero no lo son.
En los últimos días, la Asesoría de Gobierno -a cargo de Ricardo Canet- pidió a la Suprema Corte que designe reemplazante del supremo Pedro Llorente para completar el pleno, ya que el sanrafaelino se apartó en 2022 y desde entonces el proceso judicial quedó detenido. Desde entonces, algunos demandantes se jubilaron y la definición ya no les compete ni resulta necesaria para su retiro.
La camarista Civil Alejandra Orbelli es la elegida para resolver en lugar de Llorente, pero formalmente no ha sido integrada al máximo tribunal y por lo tanto el caso sigue estancado.
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Todo comenzó hace poco más de cuatro años cuando, entre junio y julio de 2020, la gestión del entonces gobernador Rodolfo Suarez promovió y consiguió la ley 9.230, que establece que ningún funcionario del Estado podrá cobrar sueldos por funciones que no cumple.
Estableció, además, la supresión de todos los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial, lo que afecta a quienes cobran como tales pero no lo son.
El caso testigo que motivó la gestación de la ley 9.230 fue el de Elizabeth Carabajal, secretaria de Ceremonial y Protocolo de la Suprema Corte de Justicia, que por ser equiparada a magistrado entonces cobraba un sueldo superior a los $450.000.
Tras la entrada en vigencia de la normativa, Carabajal acudió a la Suprema Corte de Justicia en defensa de sus derechos adquiridos y pidió que se le garantice que su situación no quedará sujeta al apartado referido a la supresión. Como segunda opción, pidió que la ley sea declarada inconstitucional.
En octubre de 2020, la Sala 2 de la Corte, integrada por los supremos Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, hizo lugar a una medida cautelar en favor de Carabajal hasta que se resolviera la cuestión de fondo: si la ley 9.230 es constitucional o no.
La Corte "ordenó al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes en la materia, se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos". Es decir, no tocar nada: ni cargos ni sueldos hasta que haya un fallo integral.
Los equiparados a magistrados no pagan el Impuesto a las Ganancias.
Adaro y Palermo consideraron que "la ley podría causar consecuencias irreparables respecto de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad, a la carrera, al salario y a la protección integral de la familia".
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Hoy, el expediente tiene 19 demandantes -todos equiparados a magistrados- que esperan resolución. Entienden que tienen derechos adquiridos que deben respetarse y que deben seguir en sus cargos y especialmente cobrando como antes de la ley.