La CIDH había sancionado a Mendoza por las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
El Gobierno logró adecuar los complejos penitenciarios San Felipe y Almafuerte a los estándares que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde en 2014 habían ordenado seis medidas cautelares por una serie de irregularidades en las condiciones de vida de los presos.
El acuerdo, firmado entre el Ejecutivo y el abogado Carlos Valera, quien las había solicitado, fue presentado en una reunión en la que estuvieron funcionarios provinciales, nacionales y organismos de Derechos Humanos, en Washington DC, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"El acuerdo cierra un círculo, de recibir un servicio penitenciario sancionado internacionalmente a uno referente nacional como en el que se ha transformado", recalcó la ministra de Seguridad y Justica, Mercedes Rus.
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El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
En tanto, el letrado Varela Álvarez reconoció las mejoras realizadas en la provincia.
La cautelar que se levantó en las cárceles de Mendoza
El problema con San Felipe y Almafuerte comenzó en 2014 cuando la CIDH, a través de la resolución 17/15 expuso que el Gobierno debía velar por la salud de los presos que, en el último tiempo, habían vivido "hechos de violencia recurrentes, falta de atención médica, presunto hacinamiento y la falta de condiciones de salubridad adecuada, entre otros".
El escrito se publicó el 14 de mayo de 2015, y le exigía al Ejecutivo una serie de condiciones en las cárceles:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en Almafuerte y San Felipe.
Fortalecer el equipo de guardias y ofrecer capacitaciones constantes a las personas que trabajen en los complejos penitenciarios.
Proveer condiciones de higiene en los mismos y proporcionar los tratamientos médicos adecuadas para las personas privadas de libertad.
Implementar un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias
Tomar acciones para reducir el hacinamiento.
Informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar.
"La situación en la que se recibieron los penales es hoy infinitamente superior"
El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, celebró que la "situación fáctica" por las cuales se dictaron las medidas contra Mendoza "ha cambiado y se han cumplido las recomendaciones".
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En la reunión también estuvieron Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Javier Salgado, representante de Cancillería.
"Esto demuestra una verdadera política pública en materia de Servicio Penitenciario que ha sido reconocida y reflejada por nuestra parte ante la CIDH en esta reunión de trabajo y en la firma de este acuerdo que pide el levantamiento de las mismas", concluyó.
