Diputados del PRO y del oficialismo presentaron un proyecto "antidoping" para que los legisladores, jueces y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional se realicen exámenes toxicológicos para determinar si consumen drogas prohibidas.
El proyecto tiene el fin de garantizar la "integridad, idoneidad y transparencia en la función pública" y establece que esos exámenes toxicológicos se lo deberán realizar los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado.
"Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", especificaron los autores del proyecto
La iniciativa fue redactada por el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO) y firmada por los legisladores de la LLA Lorena Villaverde, Carlos Zapata, y del macrismo Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez.
El proyecto
El proyecto de ley especifica que los exámenes se realizarán al asumir el cargo y anualmente a cada funcionario. Y también se harán de forma “aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios”, para detectar la presencia de cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, y alucinógenos y drogas sintéticas".
Solo se permitirá algunos medicamentos que puedan tener estas drogas prescriptas por un profesional de la salud.
“Los análisis serán realizados por laboratorios certificados. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”, establece el proyecto.
Sanciones por consumos de droga
En caso que el resultado resulte positivo el funcionario afectado puede “solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas” y si la contraprueba confirma el resultado, “será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”.
Ante el consumo comprobado de estupefacientes, la continuidad del funcionario será determinada por el Poder Ejecutivo, quien deberá pedir una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción, las cuales deberán emitir un informe al Presidente de la Nación.
En el Congreso se podrá recomendar la destitución que debe ser aprobada por mayoría simple, con lo cual luego se iniciaría el procedimiento de juicio político o remoción, según corresponda.
En el Poder Judicial, en el caso de magistrados, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual podrá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.