Además de rechazar la denuncia, Kreplak también apartó a Arrieta de su rol de querellante y revocó la custodia policial que se le había asignado. De todas maneras, el fallo fue notificado a la Cámara de Diputados, para que determine si es necesario implementar alguna medida de seguridad adicional.
El origen de la polémica
El escándalo explotó luego de la visita que un grupo de diputados de LLA realizó el 11 de julio a la cárcel de Ezeiza para encontrarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad, como Alfredo Astiz y Adolfo Donda Tigel.
La mendocina Arrieta mantuvo al principio un hermético silencio. Luego reapareció con el libro "Nunca más" en la mano, se peleó con los legisladores de su bloque y comenzó a decir que la habían llevado a Ezeiza engañada porque "al haber nacido en 1993" no sabía quién era Astiz.
►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta volvió a deslindar responsabilidades por la visita a genocidas y María Eugenia Vidal la chicaneó
Al principio se abrió una causa para investigar si la visita había violado el reglamento del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Posteriormente, Arrieta presentó otra denuncia en la que acusaba a sus compañeros de bloque de coacción agravada, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. En su denuncia, alegaba haber sido manipulada y presionada para participar en la visita bajo el pretexto de mejorar las condiciones de detención de adultos mayores.
Lo que sí se está investigando
La Fiscalía, sin embargo, desestimó estos argumentos. El fiscal Iglesias explicó que lo ocurrido fue consecuencia de la actividad política de Arrieta y que no constituía un delito. “La querellante adoptó un posicionamiento político frente a una cuestión sensible y relevante para nuestro país, como el juzgamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló.
Kreplak avaló este criterio y afirmó que la intervención judicial en este tipo de asuntos solo distorsiona la misión constitucional del Poder Judicial. Además, subrayó que los intercambios entre los legisladores deben resolverse dentro del ámbito parlamentario, salvo que se trate de un delito penal.
Por otro lado, el juez mantuvo abierta la investigación sobre la posible violación de los reglamentos del SPF. En ese contexto, se realizó un allanamiento en la cárcel de Ezeiza, donde se retiró documentación. Los querellantes en esta causa son Carlos Pisoni y Virginia Franco, víctimas de delitos de lesa humanidad.
