La puja que inició en noviembre pasado, cuando Alfredo Cornejo mandó un proyecto de ley para acelerar los procesos de adopción en Mendoza, culminó este martes cuando el Senado le dio sanción definitiva. Desde ahora adoptar un niño en la provincia no sólo será más ágil para los adoptantes, sino que también se reducirá el tiempo que esos niños pasan en hogares o instituciones.
La nueva ley acelera el proceso de adopción en Mendoza y agiliza los tiempos de los juicios que definen el estado de adoptabilidad de los chicos.
La norma, que fue aprobada por unanimidad, también le impone agilidad a la Justicia ya que pretende acelerar los juicios de adopción, una vez que se hayan cumplido las etapas previas, como es la declaración de adoptabilidad de un niño. Para eso reformó el artículo 19 del Código Procesal de Familia.
La reforma incluye la digitalización de trámites, como las autorizaciones de viaje para menores, y la implementación de notificaciones judiciales mediante mensajería instantánea.
Otro de los cambios que incluye la nueva ley y que celebraron las personas que son pretensos adoptantes, es que ahora se permite que los guardadores de niños mayores de 5 años o de grupos de hermanos puedan realizar el proceso de adopción sin la obligación de contar con patrocinio letrado, lo que acelera también esos trámites.
Además, la nueva ley crea el Registro de Mediadores Ad-Hoc para mejorar la atención en los procesos de mediación familiar y se incorporan nuevas herramientas para garantizar una respuesta más efectiva ante situaciones de violencia.
Una respuesta a la demanda de acelerar el proceso de adopción
La senadora oficialista María Laura Sainz, miembro informante del proyecto que recibió aportes en la Cámara de Diputados, se encargó de resaltar que la ley viene a saldar un deuda con la sociedad mendocina que desde hace tiempo demanda acelerar las adopciones en la provincia.
Por su lado, el senador Germán Vicchi, de La Unión Mendocina, agradeció el aporte de la Federación del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, "porque para que los proyectos sean buenos hay que escuchar a todos", resaltó antes de adelantar que su bloque acompañaría el proyecto.
Al aval se sumó también el bloque del Pj, algo que ratificó el senador de San Rafael, Pedro Guerra y la titular de ese bloque peronista, Adriana Cano. La legisladora lasherina no desaprovechó la oportunidad para enrostrarle al oficialismo que la oposición es colaborativa con proyectos como este, entendiendo que responden a la necesidad de esta reforma del Código Procesal de Familia, y se quejó de que varios proyectos del PJ no tienen la misma celeridad a la hora de ser tratados.
Cuando se presentó el proyecto que ahora ya es ley, tanto desde el Ejecutivo como desde la Justicia contaron que hasta el 2021 un pretenso adoptante esperaba más de dos años y medio entre que se inscribía en el Registro Único y tenía su primera entrevista con vistas a una posible adopción.
Si bien eso se aceleró, y hoy quien se inscribe es convocado casi en el acto y todos los meses mantienen reuniones en pos de ver si ellos pretenden ampliar sus condiciones para adoptar a un chico o un grupo de hermanos. O si podrían adoptar a un pequeño con discapacidad, en el Ejecutivo marcaron que aún ese proceso tenía mucho de burocrático, y que a esas dilaciones las padecían fundamentalmente los chicos en condición de ser adoptados.