Cornejo presentó la ley que disuelve el EPAS y pasa el control del agua a Irrigación. Tensiones con AYSAM. ¿Afecta a los usuarios de agua potable de Mendoza?
Gobernador Alfredo Cornejo, y superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli. Decisiones sobre el control del agua.
¿Cuál es el mayor poder de Mendoza? Respuesta corta: el control total del agua.
La semana pasada, el gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley que en los hechos disuelve el EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento), y pasa todas sus funciones al Departamento General de Irrigación, que se convertirá en una especie de “Gran Hermano” de toda el agua de los mendocinos. Ya es el mayor proveedor de riego, agua de industria, de usos recreativos, y domiciliarios. Ahora sumará el arbitraje total de todas las operadoras: AYSAM (la mayor de todas, del Estado mendocino), los municipios de Luján, Maipú y Tupungato, y unas 140 operadoras pequeñas, en general cooperativas o incluso algún barrio privado.
El “comisario” de este nuevo supra ente de provisión y control del agua será el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli. En los hechos, será el hombre de mayor poder fáctico de la provincia. Porque para ceder el agua escasa de los mendocinos a cada operadora, va a pedir condiciones: obras, eficiencia, tarifa, y un plan de “devolución” del agua potable. Hay que cosignar aquí una nota mental, un sticker permanente de la situación: hay crisis hídrica y aunque la última temporada fue más o menos buena, la sequía va a volver.
El traspaso de funciones del EPAS a Irrigación tendrá algún margen de polémica, por las tiranteces habituales entre AYSAM e Irrigación. Durante el gobierno de Rodolfo Suarez fueron tan explícitas, que el ex presidente de la empresa de aguas Alejandro Gallego y el superintendente de Irrigación Marinelli se dedicaron mutuamente alguna que otra palabrita. Por debajo de ellos, off the record volaban las bombas de un lado a otro.
En algún momento, Marinelli habló de la deuda de AYSAM con el “mayorista” del agua, que es Irrigación. Pero Gallego terminó pagando aquella cuenta. Los que dicen que se puso al día porque Marinelli le “cerró la canilla” y le mandó menos agua a las plantas de potabilización, probablemente ven muchas series de Netflix. Y aquellos que juran que Omar De Marchi cuando era intendente también pagó la deuda porque el superintendente le bajó el caudal de agua para Luján, son víctimas de una imaginación afiebrada. Ni hablar de los que afirman -sin rubor- que los fines de semana falta agua en barrios privados de Guaymallén como La Barraca, porque Irrigación abastece menos a AYSAM a cambio de -dice el chisme- darles más agua para “turbinar” a las generadoras de energía pequeñas que están en el Cacique Guaymallén. Luego de hacer tamañas afirmaciones, cabría confesarse en la iglesia más cercana. Salvo que de verdad aparezcan las cartas documento que -dicen- se estarían cocinando en AYSAM hacia el viejo edificio de Irrigación en la calle Barcala de la Ciudad de Mendoza. ¿O será una infamia?
En los hechos, la disolución del EPAS implica varias cuestiones prácticas. Lo primero, es que la única gran empresa de aguas de la provincia, la estatal AYSAM presidida por Humberto Mingorance, no podrá hacer obras ni tomar decisiones estratégicas, sin que Irrigación (Marinelli) preste su acuerdo. Lo segundo, será que se acabó el agua barata de los municipios y los prestadores pequeños.
Los departamentos de Tupungato, Maipú y Luján son permisionarios del servicio de agua potable de sus vecinos, con la excepción de Chacras de Coria, que es servido por AYSAM. El que estaría en la mira sería Maipú -por la tarifa baja, dicen en el Gobierno- y por la falta de redes cloacales en determinadas zonas, que van perdiendo su perfil rural y adoptando el de los barrios privados. Muchas de esas parcelas (unas 20.000 según contó Marinelli en Informe Nihuil días atrás), tienen agua de riego y potable, pero ni hablar de cloacas. “Les vamos a dar más agua cuando necesiten, pero van a tener que hacer obras” dicen en Irrigación. Mala noticia para el intendente peronista Matías Stevanato que rema contra la corriente política local y nacional. En Irrigación les resulta inasible. Al revés del también opositor Esteban Allasino, con quien los administradores del agua están trabajando en "equipo".
Habrá que prepararse para una buena pelea política. Pero antes, conviene repasar algunos números sobre cómo se usa el agua de Mendoza. El agro, el campo, el riego, se llevan aproximadamente entre el 81 y el 84 % del agua disponible de todos los caudales de la provincia. Del 10 al 12 % es para el uso civil, domiciliario. Toda la industria (petróleo, minería, otros usos industriales) se llevan menos del 2 % del agua, y lo que queda es para uso recreativo y riego de espacios públicos. En este último caso, es agua que los municipios le compran a Irrigación.
El punto de debate de la nueva ley será quién controla a quién, partiendo de una base: como la ley que creó el EPAS para controlar a una empresa que en los noventa era privada y concesionada a la francesa Saur International será derogada, había que “resembrar” el marco regulatorio, y es lo que se hizo sin cambios con la nueva ley que presentó Cornejo la semana pasada. Incluso los plazos de corte de servicio a usuarios poco pagadores, de 60 días de mora que rigen según la ley 6.040 de 1993, fueron respetados.
El control tarifario va a seguir con audiencias públicas sólo para aprobar el esquema general, pero no para los ajustes que cada tanto autoriza el EPAS. Ahora, lo hará Irrigación. Ese control podría ser bimestral, pero dependerá de la reglamentación una vez que la ley sea aprobada. Resumiendo, Sergio Marinelli con el ejército de 137 inspectores de cauce (cuatro, intervenidos) que tiene Irrigación será el “Gran Hermano” que va a controlar la calidad y cantidad de agua que se entrega a cada quien, a cambio de planes de eficiencia, hoja de ruta operativa, de inversión, de “devolución” del agua al sistema en plazos determinados. En paralelo, va a decidir si da más tarifa o no. Un resumen de las tareas críticas de control que heredará Irrigación podría ser el que sigue:
- Dictar las normas técnicas a las que deberán ajustarse los prestadores.
- Controlar la ejecución de los planes y programas de inversión de los operadores.
- Controlar el régimen tarifario y proponer al Gobierno las tarifas de los servicios, y las bases para su revisión.
- Establecer y aplicar los procedimientos de control de los servicios.
- Resolver conflictos que surgiesen entre los usuarios y los operadores del servicio. Y ejecutar acciones judiciales cuando corresponda.
Aunque se trata de funciones que ya tenía el EPAS, ahora el control será más cercano, en la propia cancha en la que se discute el uso del agua. Cuando se sancione la ley, el que reparte el agua, es quien va a controlar. Y allí hay un punto de controversia.
La tarea de "vigilancia" ya empezó. Hay un mapeo en Irrigación, con datos que aún no son públicos. Pero que harán poner las barbas en remojo a los intendentes de Tunuyán y de San Carlos. Es por los efluentes que arrojan al río Tunuyán, que alimenta el embalse de El Carrizal.
En la empresa de aguas de Mendoza, AYSAM, los funcionarios están prendidos fuego con el cambio de esquema. No tanto por la disolución del EPAS (parece que los principales actores coinciden en que el ente “no existe”), sino por quién controla y en consecuencia, qué uso se le da al agua. Humberto Mingorance es el presidente de AYSAM. Pero antes, fue secretario de Ambiente de la Provincia. Es muy probable que si le preguntan, dirá que es el área de Ambiente la que debe controlar a las prestadoras del servicio de agua. Esa zona del Gobierno hoy está bajo el ala de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
La pregunta que se hacen en la mayor empresa de aguas de la provincia es… “Si Irrigación nos controla a todos… ¿Quién los controla a ellos?” En el DGI piensan diametralmente opuesto. Sergio Marinelli es el padre de esta criatura. Desde hace años pugna por el control del uso del agua de todos los operadores del sistema. Algo que lleva muchos años de discusión, desde que el hoy intendente de Alvear, Alejandro “Jani” Molero lo propuso en 2004. Incluso referentes hoy acérrimos opositores, como Jorge Difonso, alguna vez pensaron en pasar el EPAS a Irrigación. Difonso quería hacerlo en “paquete” junto con la Dirección de Hidráulica de la Provincia, y con AYSAM.
El fin del cuento es que Marinelli consiguió el control total del agua. Y se propone supervisar fuerte a AYSAM, demandarles metas concretas y un plan operativo de explotación del servicio. Luego, se propone encarrilar a las operadoras más pequeñas en prácticas sustentables tanto en lo ambiental como en lo económico. A este modelo de gestón le llaman "Madrid". Es lo que hacen allí con el reparto y control del agua.
La pelea formal es por el control. Pero la de fondo, es por el uso real del agua. Funcionarios de la DEIE de esos que “descosen” las planillas de Excel estuvieron “jugando” con los números y susurraron una pregunta insidiosa: ¿Por qué la vitivinicultura y el campo que son la cuarta actividad de la provincia detrás del comercio, el turismo y el petróleo, se llevan la porción más importante y definitiva del agua, con más del 80 % del recurso? Hay un dato adicional. Tal parece que sólo el 15 % de las hectáreas regadas en Mendoza tienen riego “intrafincas” tecnificado. Es decir, cuidando cada gota de agua con procesos tecnológicos que requieren inversiones serias. El otro 85 % es “a manto”, desperdicia el 50 % del agua que le llega y además va perjudicando la calidad de la tierra.
En verdad, que el organismo de control sea el que le otorga la mayor cantidad de agua a una actividad que no es eficiente en el riego como regla general, aunque las excepciones por suerte han ido creciendo, genera “urticaria” en los otros actores del sistema. Pese a esto, en Irrigación juran que el Plan Hídrico es la solución -en el tiempo- al desperdicio de agua por riego ineficiente en el agro.
En Irrigación defienden la potencia territorial del departamento. “Somos el de mayor capilaridad territorial” dicen. Aseguran que con los inspectores de cauces podrán hacer un control férreo de cómo se usa el agua, a quién se le brinda en materia de operadores, y a cambio de qué planes. Hay quienes arrugan la nariz. La potencia territorial de Irrigación es justamente la de los regantes. Muchos de ellos son inspectores de cauces, aunque en el DGI tienen registrado que hay algún empleado de AYSAM como inspector. Todo esto serían las menudencias de la discusión por el uso y el control del agua. Pero los matrimonios suelen arruinarse en los detalles.
El capítulo político promete pelea, no tanto con la oposición, sino dentro mismo del Gobierno, y entre Irrigación y los intendentes. Unos, porque dan agua barata: el proyecto de ley que elimina el EPAS dice que “...las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente”. Y otros, porque para aplicar sus planes locales de ordenamiento territorial y crecimiento urbano, antes de llamar a AYSAM a pedir agua, deberían tener una charlita con Marinelli.
En el documento que sigue, el proyecto completo:
La motosierra local juega su parte. El cierre y disolución del EPAS, al que el Gobierno le tiene que girar unos 35 millones de pesos al mes para que funcione y cubra su déficit, sigue el camino de Acequia TV, AEMSA (la empresa de los aviones antigranizo), o la ex EPTM que tenía más de 450 empleados y podía funcionar con 160. En el caso del EPAS donde hay 62 empleados, algunos pasarán a Irrigación, otros deberán jubilarse porque están en condiciones de hacerlo, y algunos más, calculan que la mitad, sería despedido e indemnizado con un mes de sueldo por cada año de antigüedad, preaviso, y todas las condiciones que establece la Ley de Contratos de Trabajo.
Alfredo Cornejo deberá arbitrar una disputa soterrada y de largo aliento entre Sergio Marinelli y Humberto Mingorance. Puede que esa tarea le sea delegada, cuando bajen los enojos, que los hay, al ministro de Gobierno e Infraestructura Natalio Mema. Es quien trabajó en la letra chica de esta nueva ley, que va en paralelo al nuevo Código de Aguas.
Mema es el responsable político de que la disolución del EPAS pase por la Legislatura sin problemas en menos de un mes, de modo que en enero ya esté disuelto el organismo creado en 1993 y el control total del agua para todos sus usos quede a cargo de Irrigación, y de Marinelli, cuya opinión podría ser casi vinculante a la hora de asignar las obras con la plata que dejó la fallida Portezuelo del Viento, los famosos U$S1.023 millones que atesora la provincia. Queda claro que el superintendente será -con la nueva ley- el jefe total del agua de los mendocinos. Sin discusión.