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Enojadísimo con los jueces penalistas, el gobernador Alfredo Cornejo; detrás, la ministra Mercedes Rus.
Otra vez nos quieren disciplinar. Otra vez nos responsabilizan de la ineficacia y el caos en seguridad pública en la etapa de prevención. Dicen que si hubiera sido condenado a penas altas no habría atacado, pero si la Policía lo hubiera detenido entre diciembre y esta semana, cuando estaba prófugo, tampoco hubiera actuado el lunes.
Así se pronunciaron algunos penalistas que saltaron en cruz a la espera del apoyo del coordinador del fuero penal y juez de la Corte, José Valerio, y de la Asociación de Magistrados, que estrena presidente hace algunos días. Valerio habló el jueves desde Corrientes, adonde fue invitado para hablar de la experiencia mendocina del sistema judicial, y dijo que los reclamos del Gobierno son "oportunismo político". Juan Pablo Civit, de la Asociación de Magistrados, hablará la semana que viene. Dicen.
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Para José Valerio, juez de la Corte y responsable del fuero penal, las declaraciones del Gobierno fueron "políticamente oportunistas".
Contestó Cornejo y negó la intención de disciplinar a los jueces de sentencia del fuero penal. Y agregó una palabra clave: algunos. Y ya no habló de los jueces penales (todos) sino de algunos. Entonces, recordé al ex jefe de la UCIM, José Poquet, quien hace añares utilizaba, en algún reclamo contra los jueces, el término "algunos" para referirse a todos sin que se notara. Y para que los aludidos se hicieran cargo. Picardía pura de ayer y de hoy.
Vuelvo al cruce mediático porque entre el miércoles y el jueves en apenas 24 horas sucedió algo así como un pequeño milagro: los supremos Omar Palermo y José Valerio -históricamente en las antípodas jurídicas e ideológicas en lo penal- terminaron construyendo, acaso sin saberlo, acaso sin quererlo, una férrea defensa del trabajo de los cuestionados jueces de sentencia.
Palermo dijo en Radio Nihuil y en Diario UNO que muchos jueces se ven obligados a aplicar las penas de prisión que aplican porque más del 80% de los expedientes criminales que resuelven y apenas firman ya están resueltos de antemano a través de juicio abreviado.
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Omar Palermo, uno de los supremos penalistas de la Corte, dijo que los delitos gravísimos no debían resolverse en juicios abreviados.
Ese previo pacto entre los fiscales y los abogados defensores asegura, sabido es, penas de prisión menores a las que recibirían -remarco el potencial- en un juicio verdadero, con testigos y todo, ya sea frente a un tribunal de jueces o a un jurado popular. Y ahí sí tiene razón Palermo: ningún juez puede rechazar el acuerdo previo. Lo dice la ley vigente, hecha ley a instancias del oficialismo actual. El mismo que reclama penas duras.
Quienes sí pueden rechazar el acuerdo previo de juicio abreviado -incluso pueden hacerlo caer antes de que los jueces lo convaliden- son los fiscales. Entonces, ya entrado el miércoles, la mira cambió de objetivo, los jueces quedaron a un lado y los fiscales treparon hasta quedar en la picota.
Juicio abreviado sí o no. Ésa pasó a ser la nueva cuestión. Pero no la última.
Palermo -reconocido jurista a nivel local y nacional, incluso en el exterior, donde se capacita y da clases- encendió, públicamente, una luz roja: "No estoy de acuerdo con que delitos gravísimos puedan resolverse mediante juicio abreviado, como los homicidios o los delitos sexuales. Esos casos deben tratarse en juicios verdaderos, explicó, porque los juicios -agregó- no son exclusivamente de interés para los imputados sino también para las víctimas y sus familiares". Enfoque atendible, cuanto menos.
La expresión "víctimas del delito y sus familiares" me llevó a pensar, de inmediato, que ese miércoles, en horas de la tarde, iba a definirse el futuro de la banda de acusados de matar a tiros al feriante Emilio Giménez, en septiembre de 2022, en Guaymallén.
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El crimen del feriante Emilio Giménez se resolvió el miércoles en juicio abreviado y los culpables recibieron penas menores a las que podrían haber recibido en un juicio tradicional. Al día siguiente, la esposa, Yemina García, falleció.
Todo indicaba que sería mediante un juicio abreviado, pacto entre la Fiscalía de Homicidios y los defensores de los imputados que garantizaba que ninguno sería condenado a perpetua, es decir a la pena más alta. Y así fue: las condenas fueron de 13 a 23 años para los coautores y para quien apretó el gatillo. Conclusión: a un delito gravísimo no le correspondieron las penas más altas. Y entonces, ¿queremos penas altas o no?
Pensé en las víctimas del delito y en sus familiares. Y recordé la lucha sin cuartel del viudo de Laura Abonassar (ultimada en 2007 en Godoy Cruz), de la familia del médico Sebastián Prado (asesinado en 2013) y en la familia de Emilio Giménez. Y me pregunté, ya entrada la noche del miércoles y con la sentencia firmada, qué sentirían los deudos del feriante.
¿Estarían de acuerdo? ¿Protestarían porque los asesinos no fueron condenados a las penas más altas que fija la ley para casos de asesinato, más allá de que los abogados de Yemina García viuda de Giménez y de sus hijos hubieran dado aval para no oponerse al juicio abreviado?
El jueves a primera hora me di cuenta de que la familia Giménez estaba en otra cosa. Dolorosamente triste e irreparable porque a la madrugada había muerto la esposa del feriante, acorralada por una enfermedad terminal que sobrevino después de la tragedia familiar que se desató, como un terremoto bajo sus pies, cuando el esposo y padre de sus hijos fue asesinado a balazos mientras volvía a su casa, de regreso de la histórica Feria de Guaymallén.
¿Cómo sigue esta especie de teleserie por entregas que se repite cíclicamente y no sólo en Mendoza?
Políticos, funcionarios, legisladores, jueces y fiscales tienen la palabra.
Votantes y ciudadanos que tienen o tendrán algo que ver con ese mundo a veces tan lejano como inexpugnable llamado Poder Judicial, están atentos.
¿Y si cada uno honrara la autoridad conferida e hiciera cumplir las leyes con el criterio y el compromiso como bandera, que es como decir Al César lo que es del César?
