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El 17 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Orgánico Ambiental (COA) del país que regulará el acceso a los mercados de carbono y la compensación económica por servicios ambientales, previa aprobación del ejecutivo. Sin embargo, la principal cuestión constitucional sigue sin resolverse y deberá ser abordada por la Corte Constitucional de Ecuador, según los asambleístas.
Venta de carbono
Los mercados de carbono permiten el comercio de certificados que representan una reducción específica de las emisiones de gases de efecto invernadero, o su eliminación de la atmósfera. Estos certificados se conocen como créditos de carbono, que se generan mediante actividades que reducen o evitan las emisiones de gases de efecto invernadero, como la protección de los bosques.
Un crédito de carbono representa una tonelada de CO2 o dióxido de carbono equivalente (CO2e). Los compran sobre todo las empresas que necesitan cumplir mandatos de reducción de la contaminación, o para acceder a beneficios.
Hay dos tipos de mercados de carbono: los obligatorios o de cumplimiento, establecidos normalmente por organismos nacionales o internacionales para regular las industrias con grandes emisiones; y los voluntarios, más demandados por las empresas, que buscan reducir o compensar sus emisiones. Según estimaciones de Ecosystem Marketplace, una organización sin ánimo de lucro dedicada a establecer el valor de los servicios de los ecosistemas, las transacciones voluntarias en el mercado del carbono alcanzaron más de 2.000 millones de dólares en 2021, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 520 millones de dólares de 2020, aunque en 2023 se habían reducido a 723 millones de dólares.
Los agentes públicos y privados de Ecuador están interesados en regular estos mercados de carbono, ya que consideran que el país ha perdido ingresos potenciales debido a la ausencia de un marco jurídico (también queda por verse la legalidad del Código Orgánico reformado). Con más de la mitad de su territorio cubierto por bosques, observadores como la ex subsecretaria de Cambio Climático de Ecuador, Karina Barrera, ven en ello una oportunidad para el país si logra introducir una regulación de calidad.
Sin embargo, la Constitución y la poca información en el país estarían llevando el debate a otros ámbitos, donde las exigencias indígenas se contraponen a los planes de los privados.
Comunidades indígenas sin información
Las 14 nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía son las que han puesto más resistencia al mercado de carbono.
"Dicho recelo se cimenta en el desconocimiento, en las experiencias negativas de actividades extractivas, o por experiencias fallidas de programas gubernamentales que no solventaron por completo las necesidades de las comunidades", señala Patricia Gualinga a Dialogue Earth, una de las voces más notorias del pueblo kichwa que habita en Sarayaku, una comunidad en Pastaza, a 200 kilómetros de Quito.
"No hay una consulta adecuada a los pueblos indígenas, una participación efectiva. Y los bosques mayoritariamente están donde habitan los pueblos indígenas", cuestiona Gualinga. Ella cuenta que su misma comunidad, con ayuda de especialistas, ha mapeado los servicios ambientales de las 146 mil hectáreas donde habitan.
A su pueblo le preocupan "los potenciales problemas generados por agentes externos que quisieran sacar provecho de los servicios ambientales". Eso, sin contar, menciona, los problemas de división de la población que pudieran ocasionar los acercamientos de empresas interesadas en el tema, "como ya ha sucedido con actividades petroleras y mineras".
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Indígenas ecuatorianos cruzan una carretera cerca del Parque Nacional Yasuní, en el este del país. A algunos kichwas les preocupa que los sistemas de créditos de carbono puedan dividir la opinión de sus comunidades, como ha ocurrido con las actividades petroleras y mineras (Imagen: Flor Ruiz / Dialogue Earth)
Pocas son las voces de las comunidades indígenas que quieren referirse al tema de forma abierta porque es escasa la información oficial. "Para evitar potenciales represalias estatales o particulares", según un economista experto en temas de sostenibilidad que pertenece a un pueblo indígena y que accede a hablar con Dialogue Earth bajo la condición de anonimato.
Al parecer, el gobierno está preparando información oficial sobre los planes del mercado de carbono, en forma de guía para los guardianes de los almacenes de carbono. De acuerdo con un reporte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), hasta abril pasado estaba pendiente la publicación de una guía de aplicación de los procesos de consulta y salvaguardas ambientales y sociales, para precautelar los derechos de las comunidades. Autoridades del MAATE le dijeron a CLIP que habían utilizado como referencia los materiales de Naciones Unidas sobre el respeto de dichas salvaguardias en los planes forestales, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.
Entre estos materiales se encuentran guías para programas de compensación económica que benefician a las comunidades que protegen los bosques mediante proyectos de reforestación, agricultura sostenible y otros. Estos proyectos se gestionan en coordinación con las carteras ambientales de los respectivos países.
En una respuesta dada a los reporteros del CLIP, representantes del MAATE rechazaron la afirmación de que no se había realizado ninguna consulta sobre el reglamento del mercado voluntario de carbono antes de su publicación en junio de 2023, afirmando que se había llevado a cabo un proceso público abierto en el que participaron más de 1.400 personas de 202 instituciones a través de 25 talleres. Entre ellos, insistió, había participantes indígenas, incluida la Confeniae, la organización regional de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, aunque sus representantes dijeron que no estaban al tanto de la ley.
Líderes indígenas dijeron al CLIP que este proceso implicó una gran convocatoria de Zoom para difundir la normativa, seguida de un breve plazo de diez días para comentarios sobre el documento. Algunos entrevistados dijeron al CLIP que no tenían conocimiento de la reunión, ni del proyecto de ley, y destacaron las dificultades de acceso a equipos electrónicos entre los grupos indígenas como una limitación para la consulta efectiva en este proceso.
La reforma sobre carbono
Desde hace dos años, la Asamblea Nacional de Ecuador trabaja en el marco jurídico que permitiría al país generar ingresos a partir de los servicios medioambientales. Esto podría dar estructura al tema del secuestro de carbono. Entre ellas se encuentra la reforma del Código Orgánico Ambiental, que ha sido objeto de debate en la comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional.
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Sesión celebrada por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional de Ecuador el 12 de junio. Este órgano ha participado en los debates sobre los mercados de carbono, ya que la asamblea ha deliberado sobre el marco jurídico que permitiría al país regularlos (Imagen: David Vela / Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY-SA)
El asambleísta Milton Aguas le dijo a Dialogue Earth que la comisión hará una consulta a la Corte Constitucional para que este organismo se pronuncie: "Tenemos que hacer una evaluación, tanto de la Constitución como de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país".
En vísperas de la aprobación de la reforma por la Asamblea, Aguas informó que la Comisión Legislativa tiene previsto dialogar con las comunidades de diversas zonas sobre las reformas. Esto, dijo, "ayudará a que el país cuente con procesos específicos para que comunidades, entidades privadas y gobiernos locales puedan rentabilizar proyectos de conservación".
En la propuesta se reconocen los distintos tipos de mercados de carbono, como el mercado voluntario internacional. En este caso, el documento plantea que el MAATE registrará los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero; y de ser el caso, entregará la autorización al solicitante. Con esa autorización, la entidad que promueve el proyecto verde podrá buscar una certificación del potencial de secuestro de carbono y la comercialización de bonos.
*Nota de Jonathan Palma para Dialogue Earth
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