Un objetivo económico plausible, como el superávit fiscal, se está logrando sin reparar en los daños colaterales, como el que afecta al sistema educativo
Unas 35.000 personas se movilizaron en Mendoza en defensa de la universidad pública.
Martín PravataEl conflicto por el desfinancimiento a la educación pública deja al desnudo el ideario mileísta.
La decisión de mutilar los fondos a las universidades responde más al impulso del gobierno de ir por las casas de estudio que a las necesidades de caja. Ya se ha explicado desde el Congreso Nacional que asegurar un presupuesto para terminar este año tendría una incidencia fiscal en el orden del 0,14% del PBI.
No es cuestión de ir sumando sin más cada gasto -en realidad inversión-, atento a que la iniciativa que surgió de la oposición supone recortes en otras áreas o la recuperación de ingresos reduciendo beneficios fiscales que gozan ciertos sectores sin ninguna justificación, a menos que se quiera mantener privilegios difíciles de explicar.
En más de una oportunidad se ha puesto la lupa política y periodística, aunque no lo suficiente, sobre el régimen especial que gozan las compañías radicadas en Tierra del Fuego, algunas incluso vinculadas con altos funcionarios, cuyo costo recae sobre el resto de los argentinos. Lo mismo sucede con la pérdida de recaudación en concepto de Bienes Personales.
Entre los legisladores maniqueamente rotulados de "héroes" y "degenerados fiscales" no se ha logrado el consenso para lograr una política de impuestos progresivos, sostenibles y anticasta que reviertan el status quo.
Se ve que para el gobierno es más cómodo avanzar sobre el financiamiento educativo, despreciando un rumbo de desarrollo económico y de mejor calidad de vida.
La inversión en educación es un capital que resulta absurdo tener que justificar en tiempos en que la humanidad ha transitado ya un cuarto del siglo XXI. A la vista está el concierto de naciones que han sabido dedicar sus esfuerzos estratégicos al conocimiento, una experiencia que también nos habían legado los impulsores de la educación desde los albores de la Patria, pero que en las últimas décadas ha sido bastardeada.
Queda sin sustento la convocatoria de la agrupación Argentinos por la Educación, integrada por especialistas, a la que adhirieron en un acto formal el gobierno nacional, los mandatarios provinciales y referentes diversos, mientras no se asignen los recursos necesarios para cumplir con los objetivos declamados.
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Se eliminó el Fondo de Incentivo Docente, se suspendió la Ley de Financiamiento Educativo que postulaba un piso de inversión del 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología; a las universidades se les quitó transferencias hasta agosto en el orden del 33,5% interanual (Informe del IARAF), y lo presupuestado para 2025 es casi la mitad de lo solicitado por el CIN (consejo de rectores). A lo que hay que sumar el veto presidencial a la ley que disponía los fondos del sistema universitario para este año.
Como contrapartida, debe tenerse en cuenta que una porción, cada vez más diminuta, de la sociedad no necesita la enseñanza estatal gratuita para transitar todos los trayectos, desde el inicial hasta los estudios de posgrado.
"Los pobres no llegan a la universidad", se escucha decir entre los argumentos para cobrar un arancel, como si la matrícula estuviera compuesta por sectores acomodados en una proporción mayoritaria.
Estudiantes que desertan en la primaria o secundaria se cuentan en cifras alarmantes al compás del incremento de la pobreza estructural y de las capas sociales empobrecidas, lo que no quita que el grueso de los cursantes de estudios superiores pertenezcan a estratos humildes.
Los casos de estudiantes que integran la primera generación de universitarios en su familia no son una mera anécdota, como tampoco lo son quienes no hubieran logrado la graduación en las disciplinas que componen la amplia oferta de carreras sin la gratuidad del sistema.
"Todos tenemos que hacer un esfuerzo", dice sin sonrojarse el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien omite que a la suba salarial del 87% hay que contrastarla con una inflación del 144% acumulada en el mismo período.
Una realidad factual es que docentes e investigadores se están retirando de un sistema que no los contiene a pesar de sus invaluables aportes a la educación, a la sociedad y al proceso productivo.
Valgan como ejemplo los 47 docentes investigadores del Instituto Balseiro, dependiente de la UNCuyo, que han renunciado a la prestigiosa institución el último año. Se trata de un éxodo que nada hace suponer que vaya a cesar en las actuales condiciones.
En lo que respecta a las universidades, estos días se ofreció desde el gobierno un rosario de excusas para deslegitimar una marcha inevitable que tuvo su fundamento en la irracional quita de sus fondos.
El tema educativo no se registra en el discurso oficial. No fue bandera en la campaña, como tampoco estuvo contenido entre los ejes del Pacto de Mayo.
Salvo las chicanas y los embates vertidos a través de los medios y redes, no se vislumbra en qué consiste el proyecto educativo. Sin prioridades establecidas, todo parece resumirse a una cuestión de recorte de gastos.
No se habla de estrategia de desarrollo humano ni económico, no hay apuesta a la sociedad del conocimiento, ni la movilidad social ascendente figura en la perspectiva gubernamental. No se piensa en "educar al soberano", como postulaba Sarmiento. Para el gobierno la educación implica un gasto a recortar, no una inversión.
Siempre es virtuoso repensar los sistemas, en este caso la educación, alentando procesos continuos de eficiencia y objetivos estratégicos.
También resulta auspicioso que la universidad, pese a que los resultados la posicionan a la cabeza de los espacios institucionales más reconocidos del país, sea objeto de debates participativos.
Legítimamente el gobierno puede y debe establecer mesas orgánicas de diálogo donde se analicen diversos temas que atañen a las casas de estudio. Las políticas educativas deben comprometer tanto a la esfera parlamentaria como a las áreas del Ejecutivo relacionadas con la educación, la ciencia, la tecnología, la producción, la salud y otras, lo que no implica intervenir o avasallar la autonomía universitaria.
El repaso de experiencias históricas enseña que los fracasos pasados del sistema fueron consecuencia de cada intervención, como la sucedida tras el golpe de Onganía y la recordada "Noche de Los Bastones Largos" que ocasionó un proceso de fuga de cerebros. La normalización recién se lograría con la recuperación de la democracia en 1983.
Desde entonces, las universidades y sus respectivas unidades académicas eligen sus propias autoridades para integrar un cogobierno de interclaustros, mediante las normativas estatutarias.
Aunque imperfectos, el ámbito democrático ofrece los mecanismos para competir a través de una oferta electoral diversa con candidatos que confrontan sus aptitudes, trayectorias, equipos y proyectos.
Colectivos de pensamiento, grupos de afinidad ideológica, agrupaciones políticas, pensadores independientes y voluntades individuales tienen derecho a participar en el proceso, y las minorías de ser parte de los cuerpos colegiados de decisión, como es propio de la vida en democracia.
La participación de la comunidad universitaria, al elegir a sus representantes para el cogobierno, evita que las autoridades sean impuestas a dedo por el poder de turno, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos del Estado, donde pululan funcionarios de dudosa idoneidad.
En el mismo sentido, las casas de estudio deben seguir garantizando el principio de libertad de cátedra a las que se accede por concurso de antecedentes y oposición, en un ambiente de pluralidad.
Lo dicho no obsta que sean puestos a consideración y debates de calidad asuntos como las fuentes de financiamiento, carreras prioritarias, incentivos a la investigación, integración al medio, y otra diversidad de acciones que habitualmente promueven las mismas universidades.
Y en lo que atañe a la rendición de cuentas, principalmente de las universidades que puedan ofrecer mayor opacidad en su administración, los organismos competentes del Estado no deben desertar de su misión auditora, tal como lo cumplen la UNCuyo y otras casas de estudio, que tienen auditorías y controles respecto de sus finanzas.
En todo lo que implique administración de fondos públicos debe garantizarse la transparencia indispensable de cara a la sociedad que los solventa.
Ya se trate de aspectos financieros, académicos o estrategias educativas que redunden en un crecimiento del país y su calidad de vida, todos los tópicos deben estar incluidos en un ámbito orgánico de análisis, lo que dista mucho del descrédito generalizado al que se pretende someter a la educación superior.
Ahora el Congreso tiene la palabra y la oportunidad de reparar parcialmente los daños ocasionados para mirar con optimismo el diseño del presente y del futuro, sobre lo cual se pueda pensar acerca de los procesos de superación educativa.
Y dejando prejuicios de lado, quizás el gobierno comprenda que el sistema universitario no es parte del problema, sino de la solución.
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