Guía para entender el fenómeno que alimenta el cultivo antiminero en Uspallata

Qué piensan los uspallatinos, qué los motiva y hasta dónde están dispuestos a “resistir”.

Resistencia. Sí. Ésa es la palabra clave que leerás en más de una oportunidad a lo largo de este informe.

Minería y Uspallata, ¿antónimos?

No. No son antónimos pero el pueblo está dividido entre aquellos que quieren minería en su tierra, los que no y los que aún no tienen opinión formada.

“El que se quema con leche, ve una vaca y llora”, dice el dicho. Y podría ser ésta una de las frases cabecera de esa parte de la Villa Uspallata que, motivada en parte por el temor, se opone a la explotación minera en San Jorge.

La actualización del informe de impacto ambiental de PSJ cobre mendocino ya está a disposición de cualquiera que quiera acceder a él pero en Uspallata, su análisis pormenorizado aún no comienza. Según contaron a Diario UNO referentes de las asambleas por el agua, desde esta semana se separarán en grupos para su estudio.

Y si aún no se analiza punto por punto el extenso IIA, ¿por qué ya comenzó la resistencia?

Por un lado, porque desde las asambleas antimineras consideran que no existe la megaminería sustentable y entonces se opondrán a como dé lugar, más allá del plan de acción que presente o no PSJ.

No les interesan ni los 559 millones de dólares prometidos de inversión inicial, ni los 3.900 empleos directos e indirectos proyectados para la etapa de construcción, ni la "implementación de avances tecnológicos para mejorar eficiencia y sostenibilidad", que adelanta la empresa en la ficha técnica del PSJ cobre mendocino.

Y por otro, porque el rechazado informe de impacto ambiental anterior, base del actual que entró para su estudio a la Dirección de Minería, quedó grabado en la población.

Eduardo Sosa, licenciado en gestión ambiental y ex jefe de Gabinete de Ambiente en el primer mandato de Alfredo Cornejo, fue uno de los consultados por Diario UNO para esta nota.

En la charla, recordó que el IIA anterior, que es el que el uspallatino tiene bien estudiado, pronunciaba, entre los impactos sociales negativos, que la minería iba a incrementar la violencia, la prostitución, el precio de los alquileres y de los alimentos.

¿Cómo le decís hoy entonces a una persona que forjó su vida en el valle de Uspallata que eso no pasará? ¿O que sí, pero que el beneficio para la sociedad toda será mayor?

“Uspallata es la llamada zona de sacrificio”. Eso, con esas fuertes palabras, es lo que sienten uspallatinos que se oponen la explotación minera en su pueblo. Silvia Iñíguez, una docente jubilada que llegó a Mendoza desde Cutral Co y eligió el Valle para vivir, tradujo para Diario UNO ese arraigado parecer.

Uspallata eligió su modelo de desarrollo hace muchos años. Con la nueva ruta 7, el turismo, el agro y a la logística de carga se volvieron su sustento de vida. Y son muchos los que no quieren que eso cambie, ni se vea afectado.

“La megaminería le traerá crecimiento personal a una parte de la población. Sí, pero la tragedia será más grande. Qué pasará con el resto. Qué pasará después, cuando en 15 años la minera se vaya y Uspallata quede arrasada, con las montañas explotadas y el agua de los ríos contaminada”, se pregunta Silvia, integrante de la Asamblea por el Valle de Uspallata, uno de los dos grupos por el agua y contra la minería que, a pesar de sus diferencias, se unieron en la lucha el fin de semana pasado y prometen no ceder.

¿Falló el abordaje social en Uspallata? Eso está claro. ¿Se hizo? ¿Se comprendió al pueblo? A primera vista, pareciera que no.

PSJ cobre mendocino aseguró a Diario UNO que hace un año ofrece talleres a los uspallatinos para empezar a formarlos en minería para que, una vez que las actividades se pongan en marcha, buena parte del empleo sea local.

“El proyecto incluye un plan de capacitaciones para 2025”, adelantó además la voz oficial de la empresa. Ese plan tiene por objeto atacar la desinformación y, quizás así, apaciguar las aguas revolucionadas por los antimineros.

¿Pero por qué esperar?, es lo que se preguntan otros en Uspallata. Quizás, “si se hubiera manejado de otra manera la información no estaríamos en esta situación. Conocer de primera mano cuál es la propuesta de desarrollo es necesario y la empresa no puede poner en riesgo otras actividades. El uspallatino tiene un miedo fundado, muy grabado y el ritmo avasallador de este proceso resultó en contra de los intereses de quienes lo proponen”, analizó con tino una de las fuentes consultadas.

Los miedos que invaden Uspallata: un poco de historia y técnica

Minera San Jorge S.A., empresa perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina, es el proponente del PSJ cobre mendocino. Su representante legal es el abogado Raúl Rodríguez.

El PSJ contempla la extracción de minerales por minado a cielo abierto y su posterior procesamiento para obtener concentrado de cobre mediante procesos de trituración, molienda, concentración por flotación, filtración y secado.

El proyecto abarca casi 10.000 hectáreas. Se localiza en el distrito Uspallata, del departamento Las Heras, en la precordillera mendocina a una altura aproximada entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar; a unos 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 37 de Uspallata.

Fue en 2015 que minera San Jorge fue adquirida por Aterra Capital y la firma suiza Solway Investment Group. En 2019, Solway adquirió la totalidad de las acciones y pasó a conservar los derechos de la minera.

Tras un buen tiempo de inacción pública por el rechazo no sólo al proyecto sino a la minería en sí, a fines del 2024 se conoció que la nueva firma Zonda Metals GmBH de Suiza y el Grupo Alberdi de Argentina se asociaban para tomar posesión de la titularidad concesionaria de las propiedades mineras de PSJ.

Mientras tanto, la firma GT Ingeniería S.A. fue desarrollando estudios y monitoreos socioambientales que sirvieron de base para el informe de impacto ambiental que se presentó formalmente en los últimos días del 2024.

Este traspaso de manos no cierra en Uspallata y es uno de los puntos clave que despierta la lucha antiminera en el pueblo. “Hay personas que se repiten. Que estaban antes y están ahora. La conclusión para la gente es que son los mismos”. Uno de los que ‘repite’, por ejemplo, es Rodríguez, quien representaba a los capitales anteriores y hoy, es quien firma la presentación de la actualización del IIA.

El resto de los cuestionamientos tiene que ver con aspectos más técnicos. Y allí es cuando posiciones extremadamente diferentes se contraponen. Es sobre estos puntos que en esta nota no llegaremos a ninguna conclusión y sobre los cuales quienes se manifiestan antimineros asoman más impermeables.

“No existe megaminería sustentable”, dice Iñíguez con firmeza, contraria a la posición del Gobierno de Mendoza que habla de minería sostenible, sustentable y controlada.

“El mineral metalífero está diseminado en grandes dimensiones y se necesita volar cerros y utilizar químicos tóxicos para extraerlo”, explica la ambientalista antiminera. Silvia cuenta que milita hace 40 años por causas como la que encabeza Uspallata y a lo largo de ese tiempo se va nutriendo de información científica para llegar a esas conclusiones.

Según cuentan desde adentro, ése es un ejemplo de cómo trabajan las asambleas antimineras, en las que se reúnen desde estudiantes y carniceros, hasta geólogos y científicos especializados en diferentes materias.

Silvia vive a pocos kilómetros de la mina San Jorge y es esa realidad la que la pone también en una posición especial. “Cada voladura implicará toneladas de polvo en la atmósfera. Un polvo compuesto por metales pesados que se depositará en la tierra, en el agua, en las personas y los animales. Las explosiones generarán contaminación desde el día 1”, expresa.

PSJ presenta en el informe su tratamiento para contrarrestar ese tipo de contaminación. Será cuestión de estudio de las autoridades si ese plan es suficiente o no para Mendoza.

Otro de los puntos técnicos centrales que cuestionan es la disponibilidad de agua para la actividad minera.

El proyecto toma agua del arroyo El Tigre. Lo que consideran antimineros es que ese arroyo, que se infiltra y va por aguas subterráneas, no será suficiente para los requerimientos de la minera y entonces temen que eso pueda afectar la porción de agua que se destina al agro en Uspallata.

El tratamiento de los desechos también es cuestionado. Recuerdan antimineros que en el informe anterior, la empresa prometió impermeabilizar 800 hectáreas para depositarlos allí. Una meta que para muchos de los uspallatinos resultó demasiado aparatosa y difícil de cumplir.

Y hay dos temores más que plantean los antimineros que se oponen a la explotación de la minera San Jorge en Uspallata. A pesar de que la Ley 7.722 no se incumple en este caso por la extracción de cobre, sí tienen que ver con ella.

Según establece la ley, todos los municipios involucrados deben expresar su dictamen en el informe de impacto ambiental, como lo hizo, por ejemplo, Malargüe en la DIA de los primeros 34 proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental.

Y es aquí donde asoma una gran discusión técnica: hay quienes analizan que la red hidrológica que se utiliza para la actividad en la mina San Jorge no está conectada con el río Mendoza, y por tanto sólo Las Heras sería el municipio involucrado. Pero hay otro sector de especialistas que opina que no sólo está conectada la red con el río Mendoza, sino también, a través de éste, con el río Tunuyán. Y si fuera así, casi todos los municipios de la provincia deberían dar su opinión, lo que quizás, políticamente, complicaría el trámite.

¿Cuál es el miedo en este sentido? Que ese análisis sobre la conexión o no de la red con los ríos lo hará Irrigación en el informe de impacto ambiental. “Y la gente de Uspallata recuerda que, en el informe anterior, Irrigación primero tenía una postura muy firme en contra y en el camino se dio vuelta. Entonces, hoy hay desconfianza en los dictámenes sectoriales”, plantean ambientalistas.

Y el otro punto relacionado con las sustancias permitidas por la 7.722 es el uso de Xantato que propone PSJ para extraer cobre.

Según el nuevo informe de impacto ambiental los reactivos y aditivos químicos requeridos para el procesamiento del mineral son: Cal (Óxido de Calcio); Espumante (Metil Isobutil Carbinol); Colector (Isobutil Xantato de Sodio); y Floculante (Poliacrilamida aniónica de alto peso molecular de cadena larga).

El mencionado Xantato, conforme explica PSJ en el informe, un reactivo orgánico que reacciona sobre la superficie de los minerales sulfurados aumentando la flotabilidad de las especies. En criollo… es el químico que se utiliza para separar el mineral y que flote.

Esos aditivos y reactivos químicos no están alcanzadas por las restricciones del artículo 1º de la ley 7.722, que nomina expresamente tres sustancias: el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio.

A su vez contiene una enunciación indeterminada sobre “y otras sustancias tóxicas similares” pero en 2018 medió, a propuesta de San Jorge, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió que esa frase es inconstitucional.

Por lo pronto, en cuanto al uso de sustancias, está todo ok. ¿Qué cuestionan entonces antimineros? “Que es igualmente tóxico que las sustancias cianuradas” y que se desaconseja su uso por ser altamente inestable e inflamable.

San Jorge, símbolo de la lucha antiminera

Y entonces qué. “Creemos que la tragedia que se desencadena es más grande y no vamos a ceder. Hace años que militamos y no nos asustamos”. Esa es la posición que está íntimamente arraigada en quienes luchan contra la actividad minera en Uspallata.

“San Jorge se ha vuelto un símbolo de la lucha antiminera”, dice Sosa y parece ser así si analizamos la frase anterior.

En Mendoza, especialmente gracias a las conquistas en materia minera impulsadas en Malargüe, se ha quebrado en cierta forma, desde el punto de vista comunicacional, esa resistencia. Entonces, concluye Sosa, “San Jorge es un refugio, es mojarles la oreja a los ambientalistas”.

Se ‘perdió’ Malargüe; no se puede ‘perder’ Uspallata.

¿Y cuáles son las diferencias entre un lugar y otro, según los propios uspallatinos?

Por un lado, que en Malargüe, aquella estrategia que comenzó en silencio hace unos cuantos buenos años, funcionó. Se instaló primero un secundario técnico y luego un terciario minero. Una especie de “trabajo de hormiga” que dio sus frutos.

Y por otro, que la población está mucho más dispersa que en Uspallata, donde hay concentración de habitantes y se hace más sencilla la organización.

¿Se podrá hacer ceder la resistencia antiminera en Uspallata? La minera San Jorge cree que sí e intentará hacerlo de la mano de las cámaras empresariales y el Gobierno mendocino con capacitaciones laborales e información. Los asambleístas organizados anticipan que no dejarán de resistir.