Alerta por muertes y violencia social, y por qué pueden venir meses muy calientes

La fiebre es el síntoma que delata el mal. Ocurre en el Gran Mendoza y en el resto de los conurbanos del país una cantidad de resolución violenta de conflictos de magnitud alarmante, que ya fue motivo de interconsulta y comentarios de los ministros de Seguridad de las provincias en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, en Salta, hace menos de un mes.

Hablamos de agresiones, amenazas agravadas, lesiones graves y gravísimas, coacción agravada, venganzas y finalmente crímenes entre personas que han tenido alguna relación. Las razones son variadas: desde violencia de género y doméstica, pasando por peleas de bandas por narcomenudeo, o por el resultado y el reparto de robos “amateurs”, dramas familiares, disputas entre vecinos, discusiones de tránsito, de pequeños negocios de la calle, o de barrabravas. Todo ello forma parte del cóctel de violencia social que viene en crecimiento y al que el gobierno provincial le está prestando atención. Estudian muestreos y casos paradigmáticos. Un ejemplo: en Mendoza se ventilaron en los últimos años tres casos de crímenes entre locadores e inquilinos. El último ocurrió en agosto. Juan Agustín García (72) alquiló una propiedad a unas personas en Godoy Cruz. No le gustó el estilo de vida. Los echó. Volvieron, le robaron y lo mataron. Los detenidos son Lucas Pérez (23) y Martín López (33) un amigo del hijo de la víctima. La violencia social excede por mucho las cuestiones de un área de seguridad. El abordaje debe ser mucho más complejo.

Cuidado con enero

La llegada del verano puede favorecer la vía violenta para resolver diferencias. En enero hace mucho calor, la gente sale a la calle más tiempo y se queda hasta más tarde, bebe más, las ingestas alcohólicas son importantes. Incluso la llegada de numerosos trabajadores golondrina que provienen del norte del país o de países vecinos a la cosecha implica una hipótesis de conflicto respecto de la violencia. No se trata de una idea discriminatoria ni del tipo lombrosiano. Es dato. La mayor cantidad de muertes violentas en el país se producen en los meses de enero y diciembre cuando ocurren las migraciones internas del campo en zonas agrícolas, de acuerdo a las cifras y estadísticas que maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación y que son públicas.

En 2023 hubo en la Argentina 2.046 víctimas de homicidios. La mayor cantidad de crímenes en los últimos tres años en el país ocurrió en enero. De aquellos 2.046 muertos del año pasado, Mendoza reportó 66 casos, dos menos que en 2022. La mayoría absoluta fueron de muertes entre personas conocidas. Es la “temporada alta” durante la que suele leerse en los partes policiales “ajuste de cuentas”, o “se desconocieron”. Borrachos que se matan entre sí los fines de semana es el clásico, algo que a veces pasa de modo intrafamiliar. Qué paradoja. En Seguridad les preocupa enero por la alta conflictividad social. Y es justo el mes de feria del Poder Judicial. Qué mala suerte.

“Es verdad que estamos ocupados de las violencias… pero no es sólo Seguridad. También las áreas sociales, Salud… Salud Mental… es muy difícil prevenir la violencia interpersonal. Lo que hacemos es encontrar rápido a los autores, intentar satisfacer a las víctimas… dar un mensaje a la sociedad. Estos casos se tratan tanto y con los mismos investigadores que un robo agravado, o una entradera, que son los hechos por lo que la gente nos demanda…” dice una fuente del Ministerio de Seguridad de Mendoza, y aporta un dato. “El 80 % de los crímenes y las lesiones graves ocurridas en caso de violencia personal ocurre con armas. Pero en Mendoza no podíamos saber quiénes eran los legítimos usuarios de armas de fuego, ni dónde estaban esas armas… Ahora hemos conseguido que la ANMAC nos libere esos datos” cuenta. Se refiere a la Administración Nacional de Materiales Controlados. En Mendoza hay un registro provincial, pero no alcanzaba para acceder al mapa de quiénes tienen las armas y dónde. “Aunque hacemos muchos secuestros… las armas están…” dice la misma fuente.

Más policías

El tracking de la situación es permanente y permite destinar recursos. Esta semana se nombrarán 250 policías más para las zonas conflictivas. En el gobierno nacional, además, andan con una idea, no está claro si ya es un plan, al que llaman “9010” (noventa-diez). Significa que el 90 % de los delitos se cometn en el 10 % de los territorios. Mendoza estaba fuera de este circuito, más dedicado a Rosario, alguna zona de Salta, la Patagonia, el conurbano bonaerense. Implica aporte de recursos nacionales a las provincias. Es en ese marco que Mendoza consiguió acceder a los datos de las armas que tiene la ANMAC. La semana que viene habrá una reunión entre la ministra Mercedes Rus y su par nacional Patricia Bullrich por estos temas.

Alfredo Cornejo con Patricia Bullrich y Mercedes Rus (1).jpg

Mercedes Rus, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich.

Gobierno de Mendoza

Cada delincuente es un caso con ramificaciones. Hay un contexto social. Desde 2001 a 2003, se produjo la mayor cantidad de muertes violentas en la Argentina, más de 3.500 asesinatos en 2002 en coincidencia con la crisis de diciembre de 2001. La pobreza llegó al 66 % en esos años. Hoy, en Mendoza ese índice es del 52,9 % y se produjeron 121.000 nuevos pobres este año. Mal que pese a la progresía nacional, la pobreza empuja a la delincuencia sobre todo en hogares en los que ya hay chicos de tercera generación que no vieron a sus padres ni a sus abuelos levantarse a las 7 para trabajar y que atraviesan una crisis cultural, educativa y de valores sin precedentes en el país.

Aquel quiebre social de 2001 dio lugar al reemplazo de los delincuentes semiprofesionales por ladrones “amateurs” y por lo tanto más peligrosos. Hoy podrían ser los que roban cables en el Gran Mendoza, o medidores. Cada tanto agarran a alguno. “Esos pibes juntan unos kilos de cobre en dos acometidas y lo venden a diez mil pesos el kilo… arriesgando la vida, porque usan un cuchillo Tramontina… pero a la noche se comen un asado…” dice uno de los funcionarios provinciales que está encima de este problema.

Un delincuente es además su propia unidad de negocios y sostenimiento familiar. “Cuando va preso, nadie se ocupa de vigilar y contener a la familia que queda en el barrio. Un hijo, un primo, un sobrino, un hermano, ocupa el lugar y sigue ‘gestionando’ el negocio… porque es su medio de vida. La inseguridad se multiplica…” dice un funcionario. Probablemente los municipios, las áreas sociales, los actores barriales, las iglesias, tienen tarea allí. No es que no vean lo que ocurre. Gana la impotencia.

La violencia en Mendoza

En esta provincia hay ejemplos sobrados de violencia social asociada a cuestiones de género, familiares, vecinales, o delincuencia. Días atrás hubo un caso que resume todos los males. Marcelo Ezequiel Buttitta Díaz, de 32 años y “frondoso prontuario” dirían los policías, llamó al 911 desde una esquina de Las Heras el jueves a la madrugada. Dijo que su ex pareja no lo dejaba salir de su casa. Faltaban unos minutos para las cinco de la mañana. La mujer también llamó y denunció que el hombre la estaba agrediendo. Llegó la policía y según la información oficial, el hombre huyó, se resistió a la detención y luego murió de un paro cardíaco, en el piso. Tenía una orden de restricción de acercamiento a su ex mujer, una condena por violencia de género, y había tenido causas por lesiones, amenazas, coacción, robo y hurto simple, robo agravado, y encubrimiento. Una joyita. Como la muerte fue en medio de una detención, ahora la Justicia debe averiguar si hubo violencia institucional, o si los dos policías que lo inmovilizaron en el piso se excedieron, si lo mataron, o se les murió.

Un repaso a las crónicas policiales de los últimos tres meses muestra lo que está ocurriendo en Mendoza. La semana pasada detuvieron a un tal Pablo Nicolás Díaz, de 21 años, en el barrio Santa Teresita. También de prontuario extenso. Era buscado por el asesinato a piedrazos de un hombre que el 20 de julio tuvo la peor idea del mundo: frenar su camioneta para meterse en una pelea de pareja, en el barrio Las Viñas. Se llamaba Osvaldo Ramos y tenía 59 años. Terminó muerto por una horda que lo agredió.

El martes de la semana pasada, un tal Lucas Argota caminaba por la calle Gorriti de Villa Hipódromo, con un amigo, y lo ejecutaron de un tiro. Entre 2015 y 2024 “cursó” un máster de robos y hurtos, y entradas a la cárcel.

Pibes sin educación andan en aventuras peligrosas. Un micro del Grupo 700 que circulaba en Luján el martes último fue atacado a piedrazos en Guardia Vieja y Panamericana. Los choferes dicen que los ataques son frecuentes.

El 12 del mes pasado se produjo el femicidio de una joven de 22 años llamada Morena Bissotto. La acuchilló un concuñado, Omar Poblete, de 34 años.

morena bissotto femicidio mendoza 6.jpg

Concuñados. Morena Bissotto, y su matador, Omar Poblete.

Un hombre llamado Roberto Tapia (30) fue asesinado de un disparo en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz. La venganza -otro de los problemas sociales- fue el incendio de seis casas.

En agosto tuvimos el femicidio de Pamela Cuello (38) en El Algarrobal. Su cuerpo apareció calcinado y desmembrado. El sospechoso de asesinato cayó por violencia de género contra su pareja, que lo denunció por el asesinato de Cuello.

La lista podría ser interminable. El 18 de agosto dejaron abandonado en la puerta del Lagomaggiore a un chico de 15 años llamado Lucas Videla. Estaba cortado por todo el cuerpo y murió. Hace unos días detuvieron a un tal Kevin “Pajarito” Cocuzza, por el crimen. Ese mismo día se llevaron preso a un hombre por amenazar y balearle la casa a otro señor llamado Emiliano Jofré, en Las Heras. Era una pelea vecinal por unas ramas de la poda. Al detenido le dicen “El Hermética”. Tiene antecedentes policiales y judiciales, incluyendo condenas por todo tipo de delitos violentos. Pero lo liberaron y a la semana siguiente fue y mató a Jofré. La familia de la víctima seguiría recibiendo amenazas.

image.png

Sospechoso. La detención de "Pajarito" por la muerte de Emiliano Jofré.

Un chico acribillado en el barrio Olivares, ocho adolescentes detenidos con cuchillos en Ciudad, el crimen alevoso del empresario Eduardo Bertón en Maipú, fue a manos también de conocidos -la ex candidata libertaria de Maipú Claudia Carina Córdoba y otras dos personas son los detenidos por el asesinato-. Más micros apredreados, ahora del Grupo 400, un chico de 12 años fue baleado desde un auto en Luján de Cuyo, un hombre atacó a machetazos a su mujer y lo detuvieron en Lavalle donde otro hombre fue detenido por matar a su hermano de tres balazos. En Ugarteche un hombre y sus hijos fueron detenidos por el crimen de un joven de 18 años, familias enfrentadas en una espiral violenta. Tres chicos de 16 años mataron a otro de 22 en Godoy Cruz. En El Algarrobal los balazos son cosa diaria. El crimen más resonante allí ocurrió en febrero, cuando murió una chica embarazada, de 21 años.

En un fin de semana de agosto tuvimos dos días ATR con cinco crímenes, todos de matrices parecidas: narcomenudeo, violencia doméstica, familiar, entre vecinos, “ajustes de cuentas”. Y en septiembre fue la saga de los edificios colapsados de Guaymallén, ocupados por algunos delincuentes. Los vecinos se los incendiaron un par de veces.

Lo que está ocurriendo producto de una crisis social espiralada, es que los conflictos entre personas se resuelven del peor modo y Mendoza no escapa a ese comportamiento. Es imposible prevenir la violencia personal. Sólo se puede intentar mejorar las condiciones de vida y educación de las personas, además de dar una respuesta rápida a la violencia. No es remedio. Es paliativo, y eso es sólo cuando hay justicia. No siempre ocurre.

Los suicidios

Los funcionarios mendocinos no sólo apuntan a la violencia interpersonal, sino también a la individual. En 2023 y 2022 en la provincia hubo unos 200 suicidios cada año. El número es alarmante y viene en alza desde hace unos diez años, aunque hay políticas de prevención. “El suicidio es la resolución violenta de un conflicto personal. Tenemos problemas de salud mental de la población… por eso hacemos actividades de prevención” dice una fuente, y señala las que organizó el Ministerio de Salud. Presentaron hace menos de un mes un programa de prevención del suicidio. Desde julio a diciembre del año pasado, la provincia registró 330 intentos de personas que trataron de quitarse la vida. Es un dato oficial del Ministerio de Salud de la provincia.

La pobreza

Los números de pobreza del primer semestre que se difundieron en la última semana de septiembre resultaron alarmantes. Más personas bajarán al subsuelo social en el segundo semestre. Diciembre suele ser un mes caliente, y será el primero “entero” del presidente Javier Milei.

En Mendoza hay una discretísima vigilancia sobre grupos que suelen ir a pedir comida a los supermercados. Hay un grupo de WhatsApp en el que conviven funcionarios de Seguridad, fiscales, jefes policiales, y de la seguridad de los supermercados. Nadie quiere sorpresas. Ese grupo ya se habría activado varias veces este año, reconoció una fuente oficial. “Cada vez que alguien arenga a la gente a ir a los supermercados, o se juntan cuatro o cinco personas en la esquina de un súper, intervenimos… los identificamos… y disuadimos…” confió un integrante de ese anillo de custodia. Ninguno de esos intentos trascendió a la prensa. Pero el componente social de la inseguridad tiene al sistema en alerta.

Robos agravados

Los delitos en alza cuando la pobreza aprieta, son los que se cometen contra la propiedad. El Gobierno maneja estadísticas muy reservadas. Tienen para sí que han bajado los robos agravados y las entraderas violentas, en parte por las reformas penales y judiciales que puso en marcha Alfredo Cornejo en su primer gobierno, cuando era candidato y decía que en Mendoza había mil quinientos delincuentes a los que había que vigilar o tener presos. En agosto de 2016 las cifras de aquellos robos violentos empezaron a bajar de manera drástica. A la vez, hubo que hacer inversiones monstruosas en el sistema carcelario.

Las nuevas prisiones, la ley de reiterancia, las condiciones más duras de prisión preventiva, sacaron a muchos de esos delincuentes de las calles y los robos violentos bajaron. Pero esos presidiarios ya empezaron a salir… ya sea porque cumplieron sus condenas, o porque recibieron algún beneficio de buenos chicos. Además, habría jueces que estarían reticentes para aplicar los criterios de reiterancia. Hace falta un ajuste allí.

El monitoreo

Desde que es ministra, Mercedes Rus lleva adelante un monitoreo estricto, científico, con datos certeros, de trazabilidad de los delincuentes. Ya sea que estén entrando o saliendo de alguna de las prisiones provinciales, o que se encuentren esperando un juicio. Los tiene divididos por delitos, situación personal, y han segmentado muestreos que permiten obtener conclusiones. Incluso tienen identificadas a las personas que son “aprehendidas” (ese es el término correcto) sospechadas de algún delito, y cuyos casos no alcanzan a convertirse en judiciales.

De este seguimiento que se hace sobre la base de datos de los sistemas carcelarios, judicial, policial, pero también con tareas de inteligencia y prevención, obtuvieron una conclusión: la mitad de las personas que han estado presas por delitos contra la propiedad, reincide. Vuelve a robar y a veces pasan períodos muy cortos entre un raid y otro. El caso más breve que tienen es el de un delincuente que este año salió de la cárcel luego de una condena, y en cuatro días regresó por lo mismo. Este seguimiento “de hormiga” permite determinar políticas de seguridad. ¿Alcanza? De ningún modo. Hay cuestiones educativas y culturales que costará remediar mucho más que el dilema económico.

El problema es que mientras sigamos multiplicando pobreza, aplicar políticas de seguridad será como vaciar el mar con un balde y una cucharita.

Todos sabemos que ello no es posible.