Conflicto de competencia

La Justicia Federal rechazó investigar los incidentes en Uspallata en protesta antiminería

La Justicia Federal concluyó que no hubo afectación de bienes del Estado nacional. Ahora, la Corte nacional define si el caso sigue en la Justicia de Mendoza, que ya se había apartado

La Justicia Federal de Mendoza también se declaró incompetente para investigar los incidentes, imputaciones, liberaciones de implicados y daños derivados de la protesta de antimineros en Uspallata a fines de enero último.

Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina dónde debe continuar la pesquisa judicial.

La resolución firmada este miércoles por el juez Alberto Carelli, integrante del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, aceptó rechazar la competencia para investigar que la Justicia provincial le había atribuido a ese fuero a través de la jueza Claudia Tula.

El rechazo a la competencia federal dispuesto por Carelli había sido solicitado la fiscal federal subrogante María Cecilia Elmelaj tras analizar el caso de Uspallata.

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El camarista federal Alberto Carelli rechazó la competencia federal para investigar los desmanes en Uspallata durante la marcha antiminera.

El camarista federal Alberto Carelli rechazó la competencia federal para investigar los desmanes en Uspallata durante la marcha antiminera.

En Uspallata "no se afectaron bienes del Estado nacional"

Para la Justicia Federal de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal Federal, el caso no es materia federal ya que "se trata de una disputa entre particulares donde no se advierte afectación de bienes del Estado nacional".

Los particulares antes mencionados son, para los magistrados, los manifestantes antimineros -"un grupo de personas que se oponen al desarrollo de esa actividad en Uspallata"- y la Cámara de Proveedores Mineros, cuyas instalaciones fueron destruidas.

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Edgardo Vera, de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, cuya sede fue destruida en enero.

Edgardo Vera, de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, cuya sede fue destruida en enero.

Frente a este conflicto negativo de competencia para investigar -ya que la Justicia de Mendoza y la Justicia Federal se declaran incompetentes para seguir el caso- la solución acerca de quién deberá investigarlo quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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