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La escena de la muerte de Andrés García Campoy, ocurrida hace 10 años en la ruta 7, caso muy complejo que Walter Bento resolvió en tiempo record.
Sin embargo, esta semana, los camaristas Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci hicieron lugar al recurso interpuesto por el titular del área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), contra la resolución que sobreseyó a los gendarmes imputados.
Ahora, Quirós -o el juez que sea designado en caso de excusación- deberá demostrar claramente y con pruebas fehacientes cómo murió García Campoy para saber si se quitó la vida adentro de su auto, un Peugeot 504, como dijeron los gendarmes, o fue asesinado.
Para los camaristas federales y la Fiscalía, ninguno de los dos extremos está demostrado en el expediente judicial, por lo que dejaron sin efecto el sobreseimiento.
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Los gendarmes beneficiados por Walter Bento vuelven a ser investigados
Hoy, uno de los gendarmes está retirado. El otro, sigue en actividad y ya no trabaja en Mendoza.
Es inminente que ambos sean convocados por la Justicia Federal ya que fueron notificados de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de dejar sin efecto el sobreseimiento y continuar la pesquisa que inició Walter Bento hasta descubrir la verdad real y demostrarla.
La madre del muchacho pidió: "Que vayan presos"
Este viernes, desde San Luis, donde vive y trabaja, Mónica Campoy -la madre del muchacho- dijo a Diario UNO que está atenta al devenir de esta nueva etapa del caso y que espera que se sepa la verdad. "Que vayan presos", sintetizó.
Y evocó a su hijo Andrés, el mayor de tres varones: "Estudiaba licenciatura en Higiene y Seguridad en la Universidad del Aconcagua, jamás tuvo problemas con nadie y mucho menos con la ley: trabajaba en una casa de repuestos. Jamás se habría suicidado. Era inquieto, estudioso y amaba la lectura, especialmente la Historia".
El chico. García Campoy en el auto de la tragedia.
Andrés García Campoy tenía 20 años, estudiaba y trabajaba.
Mónica Campoy confía plenamente en el trabajo del magistrado Leonardo Pérez Videla, encargado de representarla en la continuidad del proceso investigativo, quien conoce cada detalle pasado del caso y por estas horas prepara una estrategia que incluirá la producción de nuevas pruebas y peritajes que la Justicia deberá valorar.
Entre otros, la exhumación del cadáver de García Campoy, sepultado en San Luis -en el cementerio Parque Los Álamos- para analizar la causa de muerte y la trayectoria del disparo fatal para, en el mejor de los casos, determinar con qué arma y de qué calibre.
Además, peritajes balísticos sobre la carabina 22 que el muchacho tenía en su poder porque estaba dispuesto a venderla, aunque se tratara de una herencia familiar y sobre todo porque él no utilizaba armas de fuego. Y porque estaba convencido de que no funcionaba o si lo hacía era de manera deficiente.
Y esencialmente, la reconstrucción del hecho ocurrido durante la tarde del 14 de junio de 2014, con la presencia de las partes, de los gendarmes y de un grupo de policías que llegaron alertados por un llamado al 911.
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Las pruebas que Walter Bento valoró en el caso García Campoy
Hace 10 años, durante la investigación a cargo del entonces juez federal Walter Bento se produjeron diversas pruebas para determinar si García Campoy se mató, como declararon los gendarmes, o si fue asesinado por alguno de ellos mientras el otro lo encubría.
La valoración de muchas de esas pruebas quedaron en la mira de la Fiscalía y luego de la Cámara de Apelaciones, lo que determinó que la investigación reinicie desde cero.
Por ejemplo, el peritaje psicológo post mortem realizado para determinar si el muchacho tenía o no el perfil del suicida.
Otra prueba: el celular del muchacho y su utilización antes y -posiblemente- después de muerto. Hay sospechas de que fue manipulado y hasta desarmado.
Walter Bento hoy, 10 años después del caso García Campoy
Walter Bento fue destituido del cargo de juez federal en noviembre de 2023 por mal desempeño vinculado a delitos penales de corrupción en su función de magistrado.
Desde entonces está encarcelado en el complejo penitenciario federal de Campo Cacheuta y desde julio de 2023 está en el banquillo de los acusados por el delito de asociación ilícita con abogados, todos bajo proceso por compra y venta de resoluciones judiciales a medida. Coimas.
También es juzgado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto con la esposa, Marta Boiza, y dos hijos: Nahuel y Luciano. Todos ellos están en libertad y bajo proceso.
