Inédito

El docente preso y denunciado dio clases mientras estaba condenado por abusar de alumnas

En las escuelas públicas Edison y Fray Benito Lamas, de Guaymallén, se enteraron por la prensa de la condena del docente de 2017. La DGE exige el certificado de buena conducta desde 2022

El caso del docente suplente denunciado, imputado y preso por abuso sexual en perjuicio de alumnas de dos escuelas públicas del ciclo primario de Guaymallén convulsionó a la comunidad educativa de la Tomás Alva Edison, del barrio Santa Ana, y de la Fray Benito Lamas, de Buena Nueva, donde el hombre daba clases por la mañana y la tarde respectivamente.

El ánimo se agravó más aún este jueves cuando, a instancias del Ministerio Público Fiscal y a través de la prensa, se enteraron de que el docente suplente de 58 años había sido condenado en 2017 a la pena de 3 años de prisión en suspenso por el mismo delito que ahora lo complica seriamente ante la Justicia. Tocamientos a alumnas.

Sin embargo, aseguran, nadie sabía de este grave antecedente porque recién desde 2022 el sistema educativo provincial exige a los nuevos docentes suplentes, al postular para un cargo, presentar el certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Estado Nacional. Fue tras el caso de la escuela Cano de Guaymallén, donde un docente condenado daba clases.

Al respecto, en los últimos tiempos hubo una novedad importante: esa documentación debe ser presentada personalmente y en cada escuela por los docentes suplentes y también por los titulares -incluso los directivos- y el personal no docente.

De cara al ciclo lectivo 2025, los suplentes tienen plazo para hacerlo hasta el 5 de diciembre de 2024 y los demás hasta febrero de 2025, poco antes del reinicio de la actividad con los alumnos de trayectorias débiles.

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Este miércoles, el docente fue detenido en la escuela pública Edison del barrio Santa Ana tras ser denunciado por alumnas.

Este miércoles, el docente fue detenido en la escuela pública Edison del barrio Santa Ana tras ser denunciado por alumnas.

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La captura del docente y el cimbronazo en dos escuelas públicas donde daba clases

El cimbronazo por las denuncias contra el docente comenzó el miercoles a la mañana en la escuela pública Edison del barrio Santa Ana cuando, puertas adentro, se revelaron las acusaciones de las alumnas, luego se convocó a los padres y se dio intervención a la Justicia a través del Ministerio Público Fiscal.

El docente estaba en horario de clases en la primera escuela cuando se lo llevaron detenido, casi al mediodía, y quedó alojado en la Oficina Fiscal 8, donde se tramita la pesquisa a cargo de Virginia Rumbo.

A la tarde, lógicamente, el docente no se presentó en la escuela Fray Benito Lamas, donde trabajaba desde 2019, mientras transitaba el último año de la condena en suspenso -sin estar en la cárcel ni en su casa con tobillera- por abuso.

El faltazo causó inquietud porque el docente no era de faltar. Durante esa tarde noche, esa comunidad educativa tuvo el panorama completo y se puso en alerta: el docente estaba preso, lo que dio inicio a un sinfín de preguntas, consultas, reclamos e interacción a través de los grupos de padres de alumnos, muchos de los cuales viven en esa zona de Guaymallén, cercana a la Bodega Santa Ana y a pocas cuadras del cementerio municipal.

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Nadie sospechó del docente y mucho menos de que había sido condenado

El jueves, el ambiente era extraordinariamente caótico y los ánimos estaban caldeados. En la escuela Lamas se conoció de una primera denuncia contra el docente y los padres de la alumna se dirigieron a la Oficina Fiscal 8 para sumar su caso a los tres iniciales de la escuela pública Edison del barrio Santa Ana.

Dos días después del escándalo, el docente ha sido separado en ambas escuelas públicas. Los directivos mantienen silencio hacia afuera pero adentro se dedican a contener al alumnado y a los padres. Y también procesan la situación internamente. Y a quienes preguntan les indican que el caso está judicializado, lo que les impide hablar.

Nadie sospechó nunca del docente y de su accionar abusivo contra alumnas. Tampoco tenían cómo saber de la condena de 2017 porque, insisten, recién en 2022 quienes postulen para ser docente suplentes están obligados a presentar el certificado de antecedentes penales.

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