La privatización de IMPSA sigue estirándose, ahora por un pedido de prórroga de la única empresa interesada para cerrar un acuerdo con los acreedores por su cuantiosa deuda.
El 31 de enero era el día marcado para el traspaso o privatización de IMPSA tras 3 años y medio en órbita estatal. La firma estadounidense ARC Energy debía presentar un acuerdo global de reestructuración de la deuda de más de U$S 565 millones, pero no hubo conformidad final y el plazo se prorrogó al menos hasta la segunda semana de febrero.
"Vamos bien, somos optimistas con el closing (cierre) del acuerdo" señaló lacónicamente una fuente de la compañía, que pertenece al fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF), sobre la anuencia final de los acreedores, de la cual depende que termine concretándose el traspaso a manos privadas.
A mediados de este mes, IMPSA había confirmado el pedido de IAF de contar con "un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de IMPSA. De cumplirse esta condición (o si IAF renuncia a ella), se procederá a la redacción del contrato de compraventa".
Ahora, el argumento esgrimido por el potencial comprador de IMPSA es que todavía faltan "detalles" para que los más duros terminen de firmar la carta-intención, y por esa razón pedirá más tiempo al Gobierno.
Ante esa situación, ahora ARC apuesta que durante los primeros días de febrero terminarán de cerrar el proceso con la conformidad final de los acreedores.
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Confianza. Eso demostró el dueño de ARC Energy en su visita al gobernador Cornejo, pese a que aún no está cerrado el traspaso de IMPSA
Más allá de ese optimismo, hasta avanzado el jueves, penúltimo día de enero y víspera del vencimiento del plazo, nadie podía garantizar la presentación del acuerdo. Y se especulaba con una prórroga.
Desde el seno del único interesado por quedarse con el control de la multinacional mendocina confiaron en que "desde el lunes 10 estaremos en condiciones de firmar el acuerdo y el traspaso". Y relativizaron la prórroga: "Lo vamos a lograr en tiempo récord, porque una reestructuración de este nivel de deuda no lleva menos de 6 meses".
Desde que el Comité Evaluador de la licitación recomendó la cesión del 85% del paquete que le permite el control al Estado las gestiones para acelerar el traspaso fueron contrarreloj. Hasta entonces, el 63,7% del capital seguirá en manos de la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), y otro 21,2% es de la provincia de Mendoza.
La familia Pescarmona, fundadora y otrora dueña de IMPSA, conserva un 5,3% de un fideicomiso armado luego de la última reestructuración accionaria en 2016. Y el restante 9,8% corresponde a acreedores de la compañía, por el cual ocupan un sillón en el directorio y no los exime del derecho a reclamar por lo que le debe la multinacional mendocina.
La pulseada por la deuda de IMPSA
Justamente las condiciones son el quid de la cuestión para los acreedores.
Si bien la propuesta de los norteamericanos es renegociar un bono en dólares a pagar en 2028 al 2035, lo que ha sido una traba para el acuerdo es que ante la exigencia de poder cobrar en un plazo más corto implica una quita que no están dispuestos a aceptar.
La lista con quienes ARC debe rubricar un convenio es nutrida: desde el Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento, hasta el fondo inversor chileno Moneda, al que está vinculado el viceministro de Economía José Luis Daza. También bonistas internacionales y el grupo brasileño Bradesco, así como Bapro (Banco Provincia), el Hipotecario; el BICE y tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
Con ese escenario abierto, hasta última hora del jueves 30 de enero, ARC esperaba el ok final del Gobierno nacional sobre la prórroga del plazo. Pero con la proyección de la nueva fecha de cierre, el aval oficial a su pedido ya se daba por consumado.
