Tras disolver al Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Gobierno empezó a centralizar el manejo de varios programas estratégicos para la producción. Un caso son los $13,2 millones destinados al sector de durazno industria: lo llamativo es que son aportes de los propios productores mendocinos, que el Ministerio de Producción empezó a canalizar en forma de subsidio.
El plan estratégico del durazno industria es el primer caso en el que el Gobierno empieza a ejecutar fondos antes en manos del IDR, en forma de subsidio a productores mendocinos
"Otórguese a la Federación del Plan Estratégico de Durazno para Industria (Fepedi), en carácter de subsidio y con cargo de rendir cuentas, la suma de $13.260.194 para la concreción de los programas de trabajo del Plan Estratégico del Durazno para Industria", dice la resolución firmada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
Aunque los miembros de las cámaras que integran el Fepedi aseguran que se financia con fondos privados, desde el Gobierno destacan que ese importe es para "facilitar la concreción de los programas de trabajo del plan".
Para entender su importancia: luego del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), el del durazno con destino a conserva es el segundo plan sectorial implementado en Mendoza. Una apuesta, aseguran en el sector, para que los productores puedan fortalecerse y ser más competitivos.
La explicación del Gobierno
"El Gobierno, que aportaba recursos para los sueldos y el manejo del IDR, se retiró como socio. Pero Fepedi sigue adelante y para eso es el dinero. ¿Por qué la transferencia tiene carácter de subsidio? No lo sabemos", reconoció el presidente de la federación que maneja el Plan Estratégico, José Luis Giuliani.
Sin embargo, ante la consulta de Diario UNO, desde la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial dieron sus argumentos.
Desde el entorno del responsable del área, Leandro Roldán, señalaron que "los fondos que antes llegaban a Fepedi a través del IDR, al desaparecer éste, en forma directa pasan del Ministerio de la Producción a la Federación del Plan Estratégico para que desarrolle su tarea. Así, los fondos son aportados por los privados y el Estado solamente los recauda".
Y si bien se remarcó que sobre el uso de ese dinero la Fepedi "deberá rendir al Tribunal de Cuentas", no hubo respuesta a la pregunta del millón: porqué, siendo fondos privados, el Gobierno los liquida como si fuera un subsidio cuando no lo es.
Subsidios y manejo de fondos sin el IDR
Hasta el 2023, el IDR cobraba un cánon de $30 por tonelada de fruta cosechada a los productores, y también a las fábricas que aportan al Plan Estratégico. Este año, ese importe se ajustó a $100/tonelada que desde agosto empezó a cobrar Industria.
En total, son unas 15 industrias y alrededor de 2.000 productores de durazno los que pagan ese cánon. Eso hace el monto total destinado.
Según Giuliani, el presupuesto anual alcanza los $34 millones. Un monto que "como fondos "autoimpuestos", ayudó a comprar estaciones meteorológicas y hacer estudios prospectivos, como el futuro del durazno industria para el período 2025-2040".
Además de la instalación de las 23 estaciones, otro de los usos declarados es dotar a los productores de una app para que, en palabras del productor y dirigente "puedan contar con datos sobre contingencias, teniendo en cuenta que en esta época y hasta noviembre hay riesgo de heladas tardías sobre los cultivos".
De dónde viene y adonde va el dinero
Para completar su presupuesto anual, el Plan Estratégico del Durazno Industria ahora espera por otros $15 millones. Son otros aportes en forma de subsidio o ANR (Aportes no Reintegrables), que, según lo anticipó el propio Ministerio de la Producción a los dirigentes de la federación, empezará a liquidar Mendoza Fiduciaria a partir del 10 de octubre.
La justificación que ensayó el Gobierno a los productores del plan sobre la forma de "bajar" los fondos es que "el único mecanismo legal disponible para que pueda controlarlos el Tribunal de Cuentas es que se transfieran como un subsidio".
Ahora el sector tiene, de acuerdo al convenio firmado entre las partes, 90 días por delante para ejecutar los fondos y detallar su destino. Para noviembre está previsto un segundo desembolso bajo la misma modalidad.