Allí está el expte. Nº 104673/1998, caratulado “Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. s/ quiebra”, que ahora debe aguardar 10 días a que los interesados formulen algún tipo de observación.
"Se ha presentado proyecto complementario de distribución de fondos y se regularon honorarios a profesionales. El mismo será aprobado si no se formula oposición (omisiones, errores o falsedades del informe) dentro del plazo de 10 días", dice la notificación firmada por el juez Pablo Frick.
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Otros tiempos. Imágen de la ex Grassi de 1963, ante la visita del presidente Arturo Illia, cuando la industria pesada del país prosperaba.
La energía y la quiebra de una empresa de más de 50 años
Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. había nacido en 1955 en El Nihuil (San Rafael). Producía ferromanganeso y ferrosilicio, insumos de la fabricación de acero. Con el tiempo, instaló una planta en Malargüe.
Entre los '60 y '70, el país ya contaba con una industria automotriz floreciente. Hasta 7 terminales demandaban acero, y la ex Grassi rápidamente se posicionó para abastecerlas.
"Era otro país. Como empresa electrointensiva, cuando el costo de la energía se encareció mucho, dejó de ser rentable... Y la Justicia, que se tomó su tiempo, hizo lo suyo. Nadie se imaginó que podría quebrar Grassi, como tampoco Carbometal".
La reflexión es de Jorge Gassull, ex presidente del Parque Industrial, proveedor y también cliente en su momento de la fallida firma. Una empresa que llegó a contar con 5 hornos para las aleaciones, uno de ellos el más grande del continente.
No por nada Grassi se había instalado cerca de las centrales hidroeléctricas de El Nihuil, hoy fuera de servicio. Con el tiempo, en un momento crítico, la empresa diseñó una central térmica para autoabastecerse pero "que nunca arrancó", recuerda el entrevistado.
"La compramos para abastecernos de chatarra"
Ya inmersa en una crisis financiera profunda, al concurso de acreedores le siguió la irreversible quiebra. Un desenlace que trajo aparejado el despido de unos 100 trabajadores, que vivían con sus familias en las cercanías de la planta.
¿Hubo acreedores que cobraron? Según Gassull, "sólo quienes tenían garantías reales, hipotecas". Fue el caso de bancos y también del Estado provincial, que se quedó con la planta de Malargüe.
A mediados del 2020 salió a remate El Nihuil. El complejo industrial pasó a manos de la empresa Aceros Zapla (ex Altos Hornos Zapla), el mejor postor de 4 en la subasta, con una oferta de U$S 4,2 millones.
Su dueño, Sergio Tasselli, reconoció que "a Grassi la compramos para abastecernos de chatarra". Sin embargo, Taselli ya no está en el negocio: la semana pasada vendió Aceros Zapla, y como parte de sus activos, también lo que queda de Grassi.
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Así se ve la planta de la ex Grassi en El Nihuil, San Rafael. Testigo muda del esplendor de una empresa que con la quiebra dejó a muchos acreedores a la espera del pago
El dólar, un freno al pago a acreedores
La medida judicial pone plazo al cobro por parte de los acreedores, al puntualizar que "los dividendos determinados podrán caducar en el plazo de un año desde su puesta a disposición de los acreedores, si no son percibidos o reclamados".
Aunque la cifra actualizada no trascendió, lo cierto es que antes de la decisión de la Justicia hubo episodios que dilataron un poco más el pago. De hecho, la distribución de dividendos podría haberse concretado hace casi 3 años.
En marzo de 2022, estaba todo dado para que parte de los fondos se depositarán en moneda extranjera. Pero la resolución judicial fue revocada a pedido del síndico de la quiebra.
¿Cuál fue el reclamo? Que hacerlo implicaba liquidar el pago a valor dólar oficial, lo cual, a su criterio, hacía que los activos patrimoniales de la ex Grassi perdieran valor patrimonial a la hora de "lograr mayor satisfacción de los créditos verificados".
En tal sentido, el juez dio la razón al planteo del síndico. "Se torna inadmisible que, en las actuales condiciones del mercado, esos dólares se liquiden a valor oficial, con la grave pérdida que para los acreedores traería aparejada tal solución".
La resolución incluso contemplaba la compra y venta del ya entonces demandado "dólar Bolsa" o MEP, "para evitar que los activos de la quiebra sean liquidados a la mitad del valor que por ellos se podría obtener".
El criterio aplicado para justificar esa mecánica de pago era lograr "el mayor valor posible para cancelar los activos también en el mayor plazo posible". Esto, tanto a acreedores laborales (ex empleados) como comerciales y financieros.
