BUENOS AIRES, 3 julio (Especial de NA, por Mariano Spezzapria) Luego de varios años de ostracismo político, el Congreso de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de darle cauce a un conflicto que atormenta a la Argentina, zarandeándola entre la intransigencia oficial y la persistencia campesina, que llevan la situación a extremos en los que no abunda la conciliación.

El parlamento argentino se encuentra en estado de vigilia política. De buenas a primeras, los referentes legislativos se ven obligados a tratar de convencer a otros -hasta a sus propios compañeros de bancada- para darle forma a un proyecto que es impulsado con vehemencia por una Casa Rosada que, a su vez, también aparece forzada por las circunstancias.

Es que el matrimonio presidencial se juega mucho de su propio poder en esta encrucijada. Porque sintió que el piso se le movía durante el último cacerolazo -Kirchner dijo que a su juicio quisieron "echar a Cristina de la Casa Rosada"- y porque ahora cree que lo que se está discutiendo, en el fondo, es la propia gobernabilidad.

Pero en ese esquema de pensamiento anida un error político: la gobernabilidad se pondría en riesgo pero no por el desafío que plantea el reclamo de las entidades agropecuarias por las retenciones, sino por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo entre en conflicto con los otros poderes del Estado.

La Corte Suprema de Justicia está llamada a representar, en este escenario, un rol clave para el futuro político del país.

Porque se sabe que las entidades agrarias persistirán con sus reclamos contra las retenciones ante el máximo tribunal de Justicia, con el argumento de que el tributo es "confiscatorio".

Por eso hizo tanto ruido en el ambiente político la versión que dio cuenta de una reunión reservada entre la Presidenta y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.Tanto ruido hizo que Kirchner salió a desmentirla y le pidió al magistrado que hiciera lo propio, pero el comunicado que emitió el tribunal un día después lejos estuvo de hacerlo.

Un fallo de la Corte contra las retenciones considerándolas inconstitucionales -aún cuando el Congreso le otorgue finalmente su aval al proyecto kirchnerista- pondría en entredicho, por cierto, la gobernabilidad. Generaría un estado de situación muy difícil de manejar para el Gobierno.

También se provocaría un serio cortocircuito institucional si la jefa de Estado decidiera vetar la ley sobre las retenciones que finalmente vote el Congreso. En el sistema presidencialista, como el que rige a la Argentina, una insistencia del parlamento ante un veto del presidente es algo muy parecido al abismo político.

Pero el conflicto del campo no sólo podría deparar conflictos de poderes. Porque la controversia desató, ya en forma declarada, una disputa entre el Gobierno y el vicepresidente Julio Cobos. En esta coyuntura, el radical K mendocino se diferenció claramente del kirchnerismo y presentó una postura pluralista.

No sólo escuchó los reclamos de los ruralistas, sino también la opinión de gobernadores e intendentes que no comulgan con la Casa Rosada. Y recibió nada menos que al cardenal Jorge Bergoglio. Para Kirchner esa actitud de Cobos se parece mucho a una traición. Más contemplativa con su ex compañero de fórmula sería la Presidenta.

Esa dualidad también se manifiesta en el discurso público del matrimonio presidencial. Cristina pide cada vez que puede abandonar los agravios e invoca el consenso. Kirchner se "pinta la cara para la guerra" y presiona a los legisladores del propio oficialismo para que cierren filas con el Gobierno.

"Lo que nosotros necesitamos ahora no son diputados sino militantes", les repite Kirchner a sus referentes legislativos en cada contacto que mantiene con ellos, ya sea en la residencia de Olivos o vía telefónica. A todos les pide "aguantar la parada" cuando la situación política no viene bien para el kirchnerismo.

Por eso decidió, además, abroquelar a los principales factores del poder oficial en momentos en que la mampostería de la casa kirchnerista comienza a resquebrajarse. Y definió que sus principales aliados son el gobernador Daniel Scioli, el sindicalista Hugo Moyano y los intendentes del conurbano.

Kirchner fue tajante a la hora de repudiar a los productores autoconvocados que agredieron a Scioli en Olavarría, ciudad del interior bonaerense. El mandatario provincial se mantuvo siempre a su lado, pese a que eso le depara costos políticos en una carrera política que tiene una curva ascendente.

"Pensar en un gobernador de Buenos Aires diferenciándose de la Presidenta en una crisis como ésta es volver a los tiempos en los que Menem y Duhalde se enfrentaron y dejaron al país al borde del caos", comentan cerca de Scioli por estas horas en los que la tranquilidad no reina en La Plata.

Las dificultades de la hora llevan también a Kirchner a impulsar una fórmula de unidad para la conducción de la CGT. Busca mantener allí el liderazgo de Hugo Moyano, aunque pide atenuarlo colocando a su lado al líder metalúrgico Antonio Caló, nuevo líder de la histórica UOM.

En la misma sintonía, la "mesa chica" de la CGT acordó la fórmula Moyano-Caló y mañana hará un esfuerzo por atraer nuevamente al redil al gastronómico Luis Barrionuevo, quien ya anunció que presentará un candidato propio en el próximo congreso de la central, convocado para el martes 8 de julio.

Será una misión realmente difícil, porque Barrionuevo ya no quiere saber nada con los Kirchner. Su visión política se acerca mucho más a la del peronismo disidente, que volvió a adquirir cierto brío con los primeros crujidos en la estructura kirchnerista luego de muchos años de hegemonía total.

Todo este armado, aunque no lo parezca, tiene mucha influencia en el Congreso nacional. Allí se define por estas horas alguna parte del futuro del país. Bienvenido sea.