El rescate de 15 rehenes de las FARC, entre ellos los más emblemáticos, Ingrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses, es el mayor triunfo que el Gobierno colombiano podía cosechar en un año cargado de reveses para la guerrilla.

Por la implicación de Francia y de Estados Unidos, la ex candidata presidencial y los tres especialistas antidroga eran el naipe más precioso de la organización armada en una negociación, pero además, constituían el perfecto escudo humano frente a una eventual intervención militar.

No en vano, en sus comunicaciones internas, los dirigentes del grupo armado se referían cínicamente a Ingrid como la "joya colombofrancesa". En las computadoras incautadas a Raúl Reyes, número dos de las FARC muerto en un ataque contra su campamento en Ecuador, los jefes dejan muy claro en sus correos que retendrían a Ingrid el mayor tiempo posible. Ahora todo se les ha venido abajo.

Los servicios de inteligencia colombianos llevaban muchos meses trabajando sigilosamente en este rescate, a sabiendas de que las familias de los rehenes nunca hubieran aceptado una intervención militar por el riesgo que entrañaba. Las autoridades no podían fallar. La operación tuvo un grado de audacia y perfección inusitado. Hay que tener en cuenta que los secuestrados se encontraban en poder del Bloque Oriental, el más fuerte y el más protegido en las recónditas selvas de la Amazonia.

Los cabecillas de este bloque eran el propio Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, jefe supremo de las FARC muerto el pasado mes de marzo, y su brazo derecho, el Mono Jojoy. A cargo de los rehenes estaba Gerardo Antonio Aguilar, alias César, comandante del frente número 1 y responsable también de una importante red de tráfico de cocaína. Es decir, se trataba del núcleo más duro y protegido de las FARC.

El éxito de la operación se debe a la capacidad de infiltración y la profesionalidad de las fuerzas especiales, pero también a la progresiva degradación del grupo terrorista, fruto de la ofensiva imparable emprendida por el presidente Álvaro Uribe nada más llegar al poder, en 2002.

La vieja guerrilla marxista, reconvertida con los años en un cartel de la droga y catalogada internacionalmente como organización terrorista, se había enseñoreado del país, contaba con cerca de 20.000 efectivos y 70 frentes y tenía en jaque al Ejército. Sus recursos financieros florecían gracias al tráfico de cocaína y los secuestros.

Seis años después, las FARC están desarboladas. La ofensiva militar les ha quebrado numerosos frentes, que hoy no sobrepasan la cuarentena. La intercepción de las comunicaciones les imposibilita la coordinación. Las luchas internas, la degradación moral y el desánimo han disparado las deserciones. Unos 10.000 combatientes han dejado las filas guerrilleras en estos años.

Muchos se han acogido a los programas de reinserción social puestos en marcha por el Gobierno. Casi la mitad de sus presos se han plantado y han renunciado a la lucha armada. "Las FARC ya no pueden hablar públicamente, pero sus comunicaciones internas dan cuenta de la urgencia que tienen de motivar nuevamente a su gente para frenar la deserción y las fugas", aseguran fuentes de Defensa.

Sólo entre enero y mayo pasados, han desertado 161 mandos medios. Y es que 2008 ha sido particularmente negro para el grupo armado. En lo que va de este año, las FARC han perdido a tres de los siete miembros del Secretariado, su máximo órgano de dirección: Raúl Reyes, Iván Ríos (asesinado por su jefe de seguridad) y al propio Tirofijo, muerto a causa de un infarto, según sus camaradas, o en un bombardeo, según las autoridades.

Además, las computadoras de Reyes han puesto en manos de la inteligencia colombiana los secretos mejor guardados de la FARC, desde sus negocios de narcotráfico hasta sus sorprendentes conexiones internacionales y los planes de rearme. Esos mismos mensajes daban cuenta del valor supremo que tenían los rehenes, meros instrumentos para avanzar en el "plan estratégico para la toma del poder". Ahora, la Operación Jaque estrecha aún más el cerco.